Corte ordena inmediata liberación a acusada por el caso Wallace
La SCJN anuló pruebas por confesiones ilícitas y abrió camino a otros implicados en el caso de Hugo Alberto Wallace.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala resolvió concederle un amparo liso y llano por violaciones graves al debido proceso.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del proyecto, expuso que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura, lo que invalida su validez jurídica. González llevaba 19 años interna en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16, en Morelos.
La inmediata y absoluta liberación de Juana Hilda González Lomelí es un paso enorme en el proceso para tumbar el caso Wallace.
— MemeYamel (@MemeYamelCA) June 11, 2025
Las torturas y los montajes NO SON PRUEBAS.
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Pruebas obtenidas bajo tortura
Según la SCJN, no se acreditó que las confesiones de Juana Hilda, rendidas bajo arraigo en febrero de 2006, se hayan obtenido de manera legal.
Además, se anularon las pruebas derivadas de cateos realizados en domicilios de los acusados, ya que se originaron en confesiones ilícitas.
“Estas circunstancias pueden generar sospecha, pero no prueban su participación en el secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace”, dictó el proyecto aprobado.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) calificó la resolución como histórica por su impacto en otros acusados: César Freyre, Albert y Tony Castillo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Todos ellos fueron implicados con las mismas pruebas ahora anuladas.
Contexto del caso Wallace
Hugo Alberto Wallace fue secuestrado el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México. Su madre, Isabel Miranda, denunció el hecho y realizó una campaña pública para identificar a los supuestos responsables, quienes han alegado tortura desde su captura.
Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 y sentenciada cinco años después. The Washington Post señaló que el impacto mediático afectó su proceso legal.
Con esta decisión, la Corte marca un precedente sobre la invalidez de pruebas obtenidas bajo tortura en el sistema de justicia penal mexicano.
Con información de Milenio
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