La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés al presidente Donald Trump al anular este viernes los amplios aranceles globales que impuso bajo una ley de poderes de emergencia.

Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso —y no al presidente— la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, fue contundente: 

“Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”.

Una derrota clave para la agenda económica

El fallo representa la primera gran controversia de la amplia agenda de Trump que llega directamente ante la Corte Suprema, un tribunal que el propio mandatario ayudó a moldear durante su primer mandato con el nombramiento de tres jueces conservadores.

Los magistrados Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra. En su opinión discrepante, Kavanaugh sostuvo que los aranceles “pueden o no ser una política sensata”, pero que “a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”.

La decisión se centra en los aranceles “recíprocos” que Trump impuso en abril de 2025 a casi todos los países, tras declarar una emergencia nacional por los déficits comerciales. Previamente, también había gravado importaciones de Canadá, China y México, argumentando una emergencia vinculada al narcotráfico.

El debate constitucional

Aunque la Constitución concede al Congreso la potestad de establecer aranceles, la administración Trump defendió que una ley de 1977 sobre poderes económicos de emergencia permite al presidente regular importaciones durante crisis nacionales, lo que —según su interpretación— incluía la posibilidad de fijar impuestos a las importaciones.

Otros presidentes han invocado esa norma en decenas de ocasiones, principalmente para imponer sanciones económicas, pero Trump fue el primero en utilizarla para establecer aranceles de alcance global.

La mayoría del tribunal rechazó esa lectura expansiva. Sin embargo, el fallo no impide que el mandatario recurra a otras leyes comerciales para mantener parte de su política arancelaria, aunque estas contemplan límites más estrictos en cuanto a rapidez y severidad de las medidas.

Impacto económico y reacción legal

El caso desató una ola de demandas que cruzó líneas partidistas. Una docena de estados con tendencia demócrata, junto con pequeñas empresas dedicadas a la venta de productos que van desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres, impugnaron la legalidad de los gravámenes.

Incluso grupos libertarios y organizaciones empresariales tradicionalmente alineadas con el Partido Republicano se sumaron a la oposición legal.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de los aranceles podría alcanzar los 3 billones de dólares en la próxima década. El Departamento del Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo la ley de emergencia, de acuerdo con datos federales de diciembre. Varias empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas para exigir reembolsos.

Las encuestas reflejan que los aranceles no gozan de amplia popularidad entre el público, en un contexto de creciente preocupación por la asequibilidad y el costo de vida.

Con información de AP