El enviado de El Vaticano, monseñor Jordi Bertomeu, pidió perdón a los indígenas de Tallán, en Piura, Perú, por el despojo de tierras durante más de una década por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

¿En qué consistió la reparación de la Iglesia católica?

La Iglesia católica realizó una ceremonia de "reparación simbólica" en la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos. Ante un templo lleno, el comisario apostólico para el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), Jordi Bertomeu, admitió el retraso de las autoridades eclesiales para atender las demandas de los comuneros.

“Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado tarde; tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad”,

declaró Bertomeu.

Durante el acto religioso, el enviado de El Vaticano calificó a Catacaos como una comunidad temerosa y afectada por el conflicto. Asimismo, recordó el respaldo que el papa Francisco envió a los habitantes en abril de 2024 para defender sus territorios.

¿Cuál es el origen del conflicto territorial en Catacaos?

El Sodalicio de Vida Cristiana, una organización integrada por seglares, clérigos y un obispo peruano, operaba en escuelas y centros de retiro antes de que El Vaticano ordenara su disolución en abril de 2025 debido a investigaciones por abusos sexuales y anomalías financieras.

En 2014, corporaciones vinculadas a esta agrupación promovieron demandas jurídicas para desalojar miles de hectáreas en la región norteña. Los campesinos locales desconocieron los traspasos de propiedad que originaron los juicios, los cuales continúan sin una resolución definitiva por parte de la justicia peruana.

Impacto social y judicial contra los comuneros

Las acciones de desalojo propiciaron disturbios donde dos dirigentes comunales murieron por impactos de bala. Además, las autoridades procesaron legalmente a decenas de agricultores.

De acuerdo con datos compartidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los afectados enfrentan acusaciones por 21 delitos penales, entre los que destacan:

Usurpación de funciones de manera ilegal.

Tráfico de tierras en la zona norte del país.

Delitos relacionados con terrorismo.

La secretaria de la organización civil, Tania Pariona, calificó la ceremonia como un hecho histórico donde la institución religiosa actuó antes que el Estado peruano. Pariona afirmó que las instituciones públicas mantuvieron desprotegidas a las poblaciones rurales y confirmó que darán continuidad a la defensa de los campesinos.

(Con información de The Associated Press)