Columna de Edgar Fernando Cruz
Ni “El Mayo” ni “El Chapo” cantaron. Por lo pronto, todos tranquilos. La carta del “Mayo”, un condenado a cadena perpetúa, no es de sensible arrepentimiento; más bien blinda el negocio: nadie fue expuesto, ningún contacto, ninguna autoridad, nadie denunciado públicamente. Quizá los nombres en contubernio ya los tengan las agencias de investigación gringas y quizá serán usados en su momento.

Pero, para analizar el presente y la baja en homicidios dolosos drásticamente, hay que volver al punto de quiebre: el año 2000. La transición del PRI al PAN no solo trajo la alternancia, sino una profunda desestabilización en las redes del narcotráfico y sus estructuras financieras. Fue una sacudida donde se cruzaron el nuevo modelo de seguridad, la nefasta sombra de Genaro García Luna y un complejo tablero internacional marcado por el republicano George W. Bush, los hechos son claros; el 11 de septiembre y la crisis en Afganistán, principal productor de amapola, seguido por el estado de Guerrero en México como grandes exportadores de amapola por ejemplo. Los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa no es un acto ajeno. 

Todo esto mientras las rutas del libre comercio abrían de par en par las puertas al flujo de mercancías, contrabando de armas, combustible, dólares y esquemas de evasión en ambos lados de la frontera.

En esta ecuación de sangre y dinero, nadie está libre de culpa. Gobernó el PRI y el crimen echó raíces; gobernó el PAN y vivimos la explosión de la guerra y los desaparecidos; llegó Morena y la estructura delictiva continúa casi intacta.

En Washington, la historia es idéntica con republicanos y demócratas. Acá asesinaron a un candidato presidencial; allá, en 1963, a un presidente. Por eso, las cartas con discursos morales de capos condenados a cadena perpetua son un cínico acuerdo de silencio. Tanto “El Chapo” como “El Mayo” decidieron no hablar y callar complicidades de décadas, dejando tranquilo a un buen puñado de políticos. Las agencias estadounidenses y la Sedena conocen perfectamente quién es quién, pero el pacto de impunidad en los tribunales conviene a las élites de ambos países.

Es en este espejo donde cobra sentido la reciente detención e ingreso a prisión de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador panista de Baja California, acusado de evasión y contrabando. ¿Hay una clara intencionalidad política? Por supuesto. Resulta imposible aislar este golpe de las presiones de Washington, el caso del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, los audios filtrados de la gobernadora de Baja California negociando en las sombras, la postura de Maru Campos y las guerras internas hacia 2027 y 2030, además del proyecto ideológico derechista para América de los republicanos de Estados Unidos.

El tablero se cierra de forma perfecta: los expedientes que documentaron las irregularidades de Ruffo Appel fueron presentados cuando Rafael Marín Mollinedo —hoy aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo— dirigía la Agencia Nacional de Aduanas. Un movimiento técnico que hoy se convierte en un activo político definitivo. Todo está entrelazado: la herencia del año 2000, el silencio cómodo en las cárceles norteamericanas y el uso de la justicia fiscal como hacha para definir el futuro del país.

Paso de gato. El expediente Wallace bajo la lupa de Palacio

Otro montaje en la época oscura de Fox y Calderón de la mano de Genaro García Luna y la sombra de ese extraño personaje: Isabel Miranda de Wallace, ahora bajo la lupa.

Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso de Brenda Quevedo al fin logró romper el cerco e ingresar a los escritorios de Palacio Nacional. Desde las oficinas de Asuntos Legales de la Presidencia, en coordinación directa con la Secretaría de Gobernación y el Órgano de Disciplina Judicial, se ha ordenado una revisión minuciosa a uno de los expedientes más oscuros, manoseados y emblemáticos del pasado. Es hora de limpiar la casa.