El cómputo de la elección judicial ha llegado a su fin. El proceso ha culminado con todos los votos contados, y las constancias de mayoría han sido entregados a las y los magistrados electos, tanto para el Tribunal Superior de Justicia, como para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

A diferencia de lo que se temía con la aprobación de la reforma, al menos en Yucatán sí existieron varios filtros para garantizar que todas las personas candidatas cumplieran con los requisitos de Ley; primero el Congreso estatal verificó que no existieran impedimentos entre los participantes para ejercer eventualmente el cargo de magistrados, y luego el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) realizó otra revisión exhaustiva que arrojara algún impedimento entre los ganadores para ejercer el cargo. Sólo hasta después de constatar que quienes fueron electos cumplían a cabalidad todos y cada uno de los requisitos legales, entonces procedió a expedir las constancias de mayoría que los acreditan como futuros integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del de Disciplina Judicial. Así se constata en el Acuerdo CG/064/2025 y CG/065/2025, ambos disponibles para consulta en el sitio web del Instituto.

¿Qué sigue? Que apenas tomen protesta se apliquen las reformas internas necesarias para engrasar la máquina judicial del estado. Es entendible que no de la noche a la mañana se resolverán problemáticas que existen desde mucho tiempo atrás, sobre todo por cuestiones presupuestarias, pero mucho se podrá hacer a través, por ejemplo, de los Acuerdos Generales del Pleno, instrumento poco usado entre el Tribunal Superior del estado, pero usado con frecuencia en instancias federales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De hecho, fue uno de estos Acuerdos el que permitió que durante la pandemia se pudiesen continuar los procesos a través del juicio en línea, utilizando la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), permitiendo que la impartición de justicia federal continuase incluso en épocas de cierres y sana distancia.

A propósito de esto, algunos de los candidatos electos han promovido la implementación de un sistema electrónico tanto para la consulta de expedientes, como para -eventualmente- la promoción de procesos jurisdiccionales.
 
Sin duda una propuesta atractiva para litigantes, y también para la sociedad en general, quienes podrían ahorrar mucho tiempo en tareas que hoy son sumamente engorrosas y complejas por ser necesariamente presenciales y sin una automatización. No es algo novedoso en México, pues ya se practica a nivel federal,
así como a nivel local en entidades como Coahuila y Quintana Roo. ¿Qué ha impedido pues, a Yucatán, dar este salto a la justicia electrónica y agilizar los procesos para la ciudadanía?

También será interesante que este nuevo Tribunal empiece a fijar nuevos criterios que vayan no imponiendo, pero sí unificando formas de interpretar el Derecho y aplicarlo entre los juzgados de primera instancia.  Asimismo, también pueden resolverse procedimientos internos que bien pueden obviarse y que suelen
dilatar los asuntos día con día. Por supuesto, esto requerirá la participación de las y los jueces, quienes tienen mucha experiencia por aportar a esta nueva etapa del Poder Judicial