Algo interesante acaba de ocurrir en Naciones Unidas y merece nuestra atención. Durante la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, varios países latinoamericanos levantaron la voz frente a conceptos incorporados en resoluciones internacionales que, a su juicio, carecen de una definición universalmente consensuada.

La discusión más significativa surgió, curiosamente, en torno al derecho humano al agua potable y al saneamiento. Nadie parece cuestionar la importancia de garantizar agua limpia, higiene y condiciones sanitarias dignas para todas las personas. Sin embargo, el proyecto de resolución incorporó también referencias a la llamada «salud y derechos sexuales y reproductivos».

¿Por qué introducir conceptos tan controvertidos en una resolución cuyo objeto principal es el agua potable?
Precisamente ahí estuvo parte de la discusión.

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú expresaron reservas frente a determinadas formulaciones relacionadas con estos temas. Particularmente significativa fue la posición de Colombia, que dejó asentado ante el Consejo que la expresión «salud y derechos sexuales y reproductivos» no constituye, a su juicio, un lenguaje universalmente acordado ni una definición jurídicamente vinculante.

Colombia precisó también cómo interpretaría otros conceptos contenidos en diversas resoluciones y recordó expresamente el derecho de los padres respecto de la educación de sus hijos, conforme a su Constitución y a las obligaciones internacionales asumidas por el país.

Chile, por su parte, dejó constancia de su compromiso con la protección del derecho a la vida conforme a su legislación interna y sostuvo que determinadas formulaciones sobre salud sexual y reproductiva no pueden considerarse automáticamente derechos internacionalmente reconocidos con un contenido independiente de las legislaciones nacionales.

Todo esto es importante porque en los organismos internacionales las palabras importan.

Una expresión introducida primero en una resolución puede repetirse después en informes, recomendaciones y nuevas resoluciones hasta adquirir la apariencia de un consenso que quizá nunca existió. De ahí la importancia de que los Estados participen activamente, hagan las reservas que consideren necesarias y exijan precisión jurídica.

No se trata de rechazar a Naciones Unidas ni de desconocer la enorme importancia de la cooperación internacional en la defensa de los derechos humanos. Al contrario: se trata de fortalecer el multilateralismo recordando que los organismos internacionales tampoco sustituyen a los pueblos ni a sus instituciones democráticas.

La soberanía tampoco significa que un país pueda desconocer los tratados que libremente ha ratificado. Significa distinguir cuidadosamente entre las obligaciones internacionales jurídicamente asumidas y aquellos conceptos o interpretaciones sobre los que todavía no existe consenso.

Lo sucedido en Ginebra quizá esté mostrando un cambio que vale la pena observar: algunos países latinoamericanos parecen dispuestos a participar con mayor firmeza en la discusión sobre el significado de los derechos humanos y los límites de los organismos multilaterales.

Y surge inevitablemente una pregunta para nosotros: ¿cuál fue la posición de México?los mexicanos tenemos también derecho a conocer qué posiciones sostiene nuestro país en nuestro nombre(desarrollaremos este tema en próxima entrega)

Los derechos humanos se fortalecen cuando sus conceptos son claros; se debilitan cuando las palabras terminan significando cualquier cosa.