En Quintana Roo, la selva, los humedales y los cuerpos de agua no están siendo destruidos únicamente por el crecimiento urbano o el turismo sin regulación. Lo verdaderamente alarmante es que quienes están encargados de protegerlos han convertido el medio ambiente en una mercancía sujeta al mejor postor. Y lo hacen, además, con descaro e hipocresía.

Esta semana, Óscar Reborá Aguilera, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), lanzó un comunicado oficial en el que, con tono solemne, afirmó: “Estamos construyendo un Quintana Roo más limpio, más justo y más consciente. No vamos a tolerar acciones que pongan en riesgo el futuro de nuestras comunidades”. Y añadió que su dependencia actúa con firmeza contra los delitos ambientales. Palabras bonitas que contrastan dolorosamente con la realidad documentada.

Fueron relevados audios que revelan un patrón sistemático de corrupción dentro de la SEMA. En uno de ellos, una mujer que se identifica como “Carmen” —presuntamente integrante de la misma dependencia— solicita dinero a una empresa a cambio de agilizar un permiso. Lo más indignante es que dicha empresa ha sido públicamente señalada por verter aguas negras en Chetumal. Es decir, los mismos que contaminan están coludidos con quienes deberían sancionarlos. Y no solo eso, sino que pagan para que los protejan.

Testimonios internos señalan que los trámites en la SEMA no avanzan si no se paga una “cuota” —no el derecho administrativo legal, sino un “moche” disfrazado de proceso institucional. Así, cualquier empresario que intente cumplir con la ley se ve obligado a participar en esta farsa. Si no paga, su expediente se congela. Si accede, obtiene el permiso, se entrega el documento y el ciclo de corrupción se cierra.

Esto es lo que el secretario Reborá no menciona en sus comunicados. Mientras él declara “construir un estado más justo”, se filtra información confidencial a terceros que actúan como extorsionadores con uniforme oficial. La legalidad es usada como herramienta de coacción, y el Estado se convierte en cómplice de la destrucción ambiental.

Frente a la ineficacia institucional, la ciudadanía ha optado por exhibir los delitos ambientales en redes sociales. La devastación de humedales en Bacalar y los vertidos ilegales en Chetumal han sido denunciados públicamente, porque ya nadie cree en instituciones como la SEMA o la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), a cargo de Alonso Lemmen Meyer, otra figura opaca cuya gestión ha sido incapaz de ofrecer respuestas reales.

Empresarios, transportistas, recicladores y gestores ambientales conocen de sobra cómo funciona esta estructura. Lo llaman por su nombre: corrupción coactiva. No nace del ciudadano que ofrece, sino del funcionario que exige. Y si no se paga, el desarrollo se detiene. Así funciona la “protección” ambiental en Quintana Roo, como una extorsión legalizada.

Más allá de pedir investigaciones, es urgente exigir perfiles públicos con vocación ética, no solo funcionarios con títulos o aspiraciones políticas, como es el caso del propio Reborá, quien ya suena como posible aspirante a un cargo en Benito Juárez. El artículo 4º de la Constitución establece el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano. Pero mientras las dependencias ambientales sigan secuestradas por intereses particulares, ese derecho no es más que letra muerta.

El medio ambiente de Quintana Roo está siendo prostituido por quienes deberían cuidarlo. Y aunque algunos funcionarios finjan compromiso con frases de cajón, la selva, las lagunas y los ciudadanos saben quiénes son los verdaderos depredadores. ¿Lo sabrán las autoridades estatales y federales competentes?

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