El reciente anuncio de la gobernadora Mara Lezama sobre la mejora en la calificación crediticia de Quintana Roo por parte de la agencia Moody’s Local México no es un hecho menor. El paso de A.mx a A+.mx, junto con la perspectiva positiva, consolida al estado en un mejor perfil financiero.

A este reconocimiento se suma la mejora otorgada por Fitch Ratings en junio pasado, lo que coloca a Quintana Roo en una posición destacada a nivel nacional en materia de disciplina fiscal y solidez económica.

De acuerdo con la información oficial, este avance responde a una combinación de factores: un incremento sostenido en los ingresos propios, resultados operativos positivos, un manejo prudente de la deuda heredada y un fortalecimiento de la liquidez.

Además, la reforma fiscal de 2023 jugó un papel clave al consolidar la recaudación de impuestos y derechos, lo que permitió mayor autonomía en el manejo de recursos. Moody’s incluso proyecta que para 2025 y 2026 se mantendrán balances financieros equilibrados, un aspecto que genera confianza entre inversionistas y acreedores.

Estos logros, sin duda, representan un reconocimiento a la estrategia del actual gobierno y a la capacidad de la entidad para administrar con mayor orden y transparencia sus recursos. Sin embargo, más allá de los indicadores técnicos, lo importante será que este fortalecimiento financiero se traduzca en beneficios palpables para la ciudadanía.

Una buena calificación crediticia abre la puerta a mejores condiciones de financiamiento y a la atracción de inversiones, pero el reto está en convertir esas oportunidades en infraestructura, programas sociales y servicios públicos de calidad.

La gobernadora ha enfatizado que se trata de un gobierno “humanista con corazón feminista” que busca que el dinero del pueblo regrese al pueblo. Ese discurso encuentra ahora un respaldo en las agencias internacionales, pero todavía queda camino por recorrer para que la población perciba esos avances de manera directa en su vida diaria.

La seguridad, la salud, el transporte y la protección ambiental siguen siendo demandas prioritarias en un estado que depende fuertemente del turismo y que enfrenta presiones sociales y ecológicas.

En este contexto, la mejora crediticia debe entenderse como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Quintana Roo tiene hoy un escenario favorable para atraer inversión y fortalecer sus finanzas públicas; el reto es que cada peso adicional se refleje en bienestar y desarrollo sostenible para los quintanarroenses.

Si el gobierno logra consolidar ese puente entre las cifras y la vida cotidiana, entonces sí podrá decirse que la solidez financiera del estado se ha convertido en un verdadero motor de prosperidad compartida.