La inseguridad en México frena la inversión, aumenta costos operativos (cobro de piso, seguridad para prevenir robos), reduce el consumo por miedo y extorsión, y causa pérdidas directas a empresas, impactando negativamente el crecimiento del PIB y provocando que negocios cierren o se trasladen, afectando a todos los niveles económicos desde microempresas hasta grandes corporaciones y a la economía general del país. Los impactos más fuertes de la criminalidad sobre la economía son:

Frena la inversión. La incertidumbre desincentiva a inversionistas nacionales y extranjeros, quienes temen por la seguridad de sus activos y empleados, restando dinamismo a la economía.

Aumenta costos empresariales. Las empresas destinan recursos a seguridad (cámaras, rejas, alarmas) y sufren por extorsión (“cobro de piso”), robo de mercancía y asaltos, lo que incrementa costos y reduce ganancias.

Reduce el consumo y la producción. El crimen organizado controla rutas logísticas, afectando la producción y distribución; además, la gente evita zonas inseguras, bajando las ventas, y el robo a negocios pequeños es constante.

Impacto macroeconómico. El costo económico del delito y la violencia es muy alto, representando un porcentaje significativo del PIB nacional (cerca del 14.6% en 2021, según un estudio).

Desincentiva el empleo. La inseguridad y el cierre de negocios afectan la creación de empleos, y algunas empresas incluso consideran o ya han trasladado sus operaciones fuera de México.

Afecta directamente a los consumidores. El crimen organizado eleva los precios de productos agrícolas y manufacturados, afectando el ingreso de las familias y el costo de vida.

En resumen, la inseguridad genera un círculo vicioso de menor inversión, mayor gasto, menor producción y consumo, erosionando el capital social y la confianza en las instituciones, todo lo cual se traduce en un freno considerable para el desarrollo económico de México.

La economía criminal se ha ido expandiendo mientras el Estado se encoge, se distrae o participa. Basta revisar los datos recopilados por el World Justice Project: México cae en Estado de Derecho, cae en percepción de corrupción, cae en rendición de cuentas. Caemos tanto que ya parecemos instalados en la caída libre.

Cada semana los hallazgos son más alarmantes. La investigación “Soldados del huachicol” publicada por Aristegui Noticias detalla cómo patios, ferrotanques y empresas completas operan cadenas de suministro paralelas para el robo de combustible. No se trata sólo de un par de mandos de Marina involucrados; es un ecosistema robusto, lubricado, aceitado. Es una red civil-empresarial-militar que opera como si hubiera recibido franquicia oficial. Y mientras el Estado asegura que el robo de combustible “va a la baja”, las cifras -y los ductos perforados- cuentan otra historia.

La economía criminal se expande porque puede, porque la impunidad asegura la inversión. Como describe Luis de la Calle en “La economía de la extorsión”, ya no existe actividad económica que esté exenta de ser exprimida: el transporte, la agricultura, la construcción, los pequeños comercios, los mercados, los bares, los restaurantes.

Cada día, millones de mexicanos navegan entre el “viene viene” convertido en renta informal, la llamada fraudulenta de la mañana, la oferta de trabajo inexistente al mediodía, la extorsión explícita por la tarde, la página de boletos clonada por la noche. Tres a cinco intentos de estafa diarios, como mínimo. Una coreografía de abusos que ya forma parte de la vida cotidiana.

Y mientras la economía criminal crece, la economía formal se estanca. Los últimos datos del Inegi muestran un trimestre de caída, prácticamente sin impulso, sin dinamismo, sin motor interno, tal y como lo informé en esta columna la semana pasada. Aun así, Claudia Sheinbaum insiste en que el crecimiento “no importa”; que lo relevante son las transferencias sociales.

Pero no es posible sostener el modelo económico actual -basado en subsidios, apoyos y expansiones presupuestales- sin crecimiento económico real. No porque lo diga el FMI; porque lo dicta la aritmética. A eso se suma la presión de empresarios, sindicatos, políticos estadounidenses que buscan endurecer el T-MEC y utilizar la inseguridad como palanca de presión en la renegociación.

A diario México pierde. Pierde con fugas, mordidas, extorsiones, ductos perforados y facturas falsificadas. Pierde con los criminales de siempre y los nuevos vestidos de verde olivo. Por eso lo ocurrido con el dueño de Miss Universo no es sólo una anécdota embarazosa. Es una corona criminal, colocada sobre la cabeza de un México donde ya es imposible distinguir entre espectáculo y política, entre crimen y economía, entre Estado y redes mafiosas.