Este estado vive una paradoja que ya no puede ocultarse detrás de inauguraciones, estadísticas seleccionadas y campañas publicitarias. Mientras el discurso oficial presume inversión, movilidad, crecimiento y estabilidad, la realidad cotidiana habla de carencias médicas, violencia familiar, fraudes, apagones, debilitamiento turístico y toneladas de sargazo que devoran dinero público. No se trata de negar los avances, sino de impedir que la propaganda sustituya a la evaluación seria del gobierno.

La primera prioridad debe ser la salud. Resulta inadmisible que niños con cáncer tengan que viajar a otras entidades para realizarse estudios indispensables, mientras se anuncian inversiones para construcción de  proyectos hospitalarios, para atención de extranjeros norteamericanos, cual trofeo político. La verdadera modernización sanitaria no se mide por edificios ni ceremonias, sino por diagnósticos oportunos, especialistas suficientes, medicamentos disponibles y capacidad resolutiva que beneficie a quienes menos tienen. Por ejemplo, urge una unidad pública de alta especialidad con oncología integral, estudios PET, radioterapia, hematología, cuidados intensivos pediátricos y recursos humanos permanentes. Cada traslado evitable representa sufrimiento, gasto familiar y una confesión de insuficiencia institucional.

La segunda emergencia es la violencia contra mujeres, niñas y niños. Un aumento de 20 por ciento en los reportes durante las vacaciones no debe reducirse a una cifra administrativa. Es una señal de hogares fracturados, víctimas expuestas y mecanismos preventivos incapaces de llegar antes de la agresión. Se requieren refugios suficientes, atención psicológica y jurídica las 24 horas, seguimiento efectivo de órdenes de protección y evaluación pública de resultados. Contar llamadas no basta; hay que evitar reincidencias y salvar vidas.

También crecen los fraudes telefónicos, digitales y patrimoniales. La respuesta no puede limitarse a recomendar que nadie conteste números desconocidos. Hace falta una unidad estatal especializada, coordinación bancaria, campañas permanentes, bloqueo rápido de cuentas receptoras y ministerios públicos capacitados en delitos digitales. La impunidad tecnológica avanza más rápido que las instituciones.

El apagón que afectó a casi 279 mil usuarios quintanarroenses expuso otra debilidad estratégica. Un estado que depende del turismo internacional no puede normalizar una red eléctrica vulnerable.

La explicación posterior no devuelve las pérdidas ni elimina el riesgo. 

En materia económica, una ocupación hotelera estatal cercana al 55 por ciento exige abandonar el triunfalismo. El turismo enfrenta competencia, inseguridad percibida, altos precios, deficiencias urbanas y deterioro ambiental. Promocionar más sin corregir el destino, solamente maquilla el problema. Es necesario diversificar la economía, apoyar pequeñas empresas, mejorar servicios públicos y medir cuánto del crecimiento realmente se convierte en empleo digno y bienestar comunitario. Ya basta de hablar de inversiones latifundistas y corruptas extrajeras con protección legaloide.

El sargazo merece igualmente una política de Estado y no una operación estacional de limpieza. Más de 121 mil toneladas recolectadas significan costos crecientes, afectaciones ambientales y riesgos sanitarios. En conclusión debemos recordar que Gobernar consiste en establecer prioridades, no en fabricar percepciones, que obliga a ir más allá de la propaganda de sucesión electoral