Las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sobre el conflicto limítrofe con Quintana Roo, no sólo son desafortunadas, sino que son una muestra preocupante de ignorancia institucional y arrogancia política.

Al afirmar que “los tres gobernadores ya acordaron no tocar el tema” y que “falta mucho porque el pleito ni se ha abierto”, Sansores vuelve a confirmar lo que en Campeche muchos ya sospechan: que se gobierna más desde la ocurrencia y el show mediático que desde el conocimiento de la ley y el respeto al Estado de derecho.

El tema de los límites entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo no es una charla entre amigos ni una sobremesa de café político, sino un litigio que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí no valen ni las simpatías partidistas ni los pactos de palabra, mucho menos las declaraciones en tono displicente que desinforman a la ciudadanía.

Layda Sansores parece creer que el país es una extensión de su programa de cada martes, donde los monólogos y las ocurrencias bastan para imponer una narrativa. Hablar de un “acuerdo entre gobernadores” para “no tocar el tema” es una ofensa a la inteligencia ciudadana y a las comunidades que viven en la incertidumbre jurídica de no saber bajo qué estado están sus tierras. Detrás de cada kilómetro de ese conflicto hay historia, cultura, inversión pública y derechos. Y no se puede tratar con la ligereza con que Sansores acostumbra abordar los temas serios.

Lo más grave, sin embargo, no es su desconocimiento técnico, sino su manipulación política del discurso institucional. Pretende vender la idea de un pacto de paz y sensatez cuando, en realidad, su postura evidencia desdén por el proceso legal y por las instituciones federales.

Esa actitud, tan común en ciertos políticos que se creen por encima de las leyes, es precisamente lo que ha dañado a este país: la creencia de que el poder personal sustituye al orden jurídico.

Mientras la gobernadora juega a los acuerdos simbólicos, en comunidades limítrofes, la gente sigue viviendo con la incertidumbre de a qué estado pertenece, sin servicios definidos, sin inversión clara y sin rumbo. Ellos no necesitan declaraciones de “buena voluntad”; necesitan certeza jurídica, infraestructura y presencia del Estado.

Layda Sansores puede hacer reír en sus transmisiones nocturnas, pero lo que no puede —ni debe— hacer es banalizar un conflicto de límites estatales como si fuera un chisme político.

Cuando un gobernante confunde la solemnidad del cargo con el espectáculo, pierde la brújula institucional… y arrastra consigo la credibilidad de su estado.

La gobernadora de Campeche no está llamada a dar clases de derecho, pero sí está obligada a respetarlo. Y si no lo entiende, que al menos recuerde algo elemental: la política puede ser el arte de negociar, pero la ley no se negocia.

Lo paradójico del caso es que Sansores, quien suele proclamarse defensora de la “Cuarta Transformación” y de la “justicia social”, termina repitiendo los mismos vicios del viejo régimen: minimizar los problemas reales, distraer con declaraciones rimbombantes y convertir el ejercicio del poder en un espectáculo personalista. Su discurso no resuelve nada, solo posterga un conflicto que exige claridad jurídica y voluntad institucional, no frases cómodas ni autoelogios ante las cámaras.

Campeche necesita una gobernadora que gobierne, no una comentarista política de su propio gobierno. Porque los territorios no se defienden con discursos, sino con responsabilidad, y la historia no recordará los shows de los martes, sino quién tuvo el valor de enfrentar los problemas con seriedad y respeto por la ley.