El sur de Quintana Roo ya no es la tierra tranquila que alguna vez fue. Municipios como Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, conocidos por su calma, su arraigo comunitario y su distancia del bullicio turístico del norte de la entidad, hoy enfrentan una ola preocupante de violencia, desapariciones y extorsiones que tiene en alerta a sus habitantes.

En los últimos días, los reportes de jóvenes desaparecidos, algunos incluso menores de edad, han comenzado a llenar las redes sociales, los grupos vecinales y los medios de comunicación. Algunos de ellos son encontrados con vida, pero no todos corren con la misma suerte.

El miedo se palpa, la desconfianza crece y la sensación de abandono institucional se profundiza, mientras las autoridades, llámese “Chepe” Contreras de Bacalar, llámese Yensunni Martínez en Othón P. Blanco, simplemente brillan por su ausencia o actúan con un sospecho silencio de complicidad.

Lo más preocupante es que este fenómeno no parece ser fortuito. Todo apunta a un efecto colateral del llamado “efecto cucaracha”, ya que mientras se refuerza la seguridad en el norte del estado, especialmente en Cancún y Playa del Carmen, la delincuencia organizada busca nuevas rutas, nuevos territorios, nuevos silencios. Y el sur, con menos presencia mediática, menos turismo y una vigilancia institucional más laxa, se ha convertido en tierra fértil para operar.

Sin embargo, hay un agravante aún más indignante: la actitud de las autoridades. En lugar de encender las alarmas, reconocer la emergencia y coordinarse con el gobierno federal para atender el problema de raíz, lo que vemos es una maquinaria institucional empeñada en maquillar las cifras, minimizar los hechos y operar bajo la lógica del “aquí no pasa nada”.

Esa pasividad estratégica de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene nombre: conveniencia política. El sur no debe incomodar a nadie en Palacio Nacional.

Los gobiernos locales prefieren mostrar estabilidad, aunque esta se construya sobre el miedo de los ciudadanos. Mientras tanto, madres desesperadas pegan fichas de búsqueda en postes oxidados y rotos, padres de familia recorren caminos de terracería con la esperanza de una pista, y comunidades enteras viven en zozobra de amanecer con un nuevo difunto.

¿Hasta cuándo se va a permitir este silencio cómplice? ¿Cuántos jóvenes más deben desaparecer para que el sur de Quintana Roo también sea escuchado? Es momento de exigir transparencia, resultados y voluntad real de las autoridades. Porque la tranquilidad que se perdió no se recupera con discursos, sino con justicia. ¿Hasta cuándo persistirá este doble discurso de la Fiscalía?

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