Por fin. Después de años de advertencias de hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos, pescadores y autoridades municipales, el Gobierno Federal decidió reconocer que el sargazo requiere una estrategia de mayor alcance. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo plan para enfrentar un problema que desde hace más de una década golpea las costas de Quintana Roo.

La pregunta inevitable es: ¿por qué hasta ahora? El sargazo no apareció este verano. Tampoco es un fenómeno que haya sorprendido a las autoridades. Desde hace años se sabe que enormes cantidades de esta macroalga llegan al Caribe mexicano, cubren las playas, generan malos olores al descomponerse, alteran los ecosistemas marinos y afectan directamente la principal actividad económica del estado: el turismo.

No hacía falta esperar a que las playas estuvieran nuevamente saturadas para actuar. Bastaba con escuchar a quienes viven del turismo y llevan años insistiendo en que el problema debía atenderse antes del inicio de cada temporada vacacional. Era ahí donde debía concentrarse el esfuerzo, no cuando miles de turistas ya habían cambiado sus planes o se encontraban con playas cubiertas por montañas de sargazo.

El costo de esa demora no puede medirse únicamente en toneladas recolectadas. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántos prestadores de servicios vieron desplomarse sus ingresos? ¿Cuántos restaurantes, hoteles, cooperativas, transportistas y pequeños comerciantes dejaron de recibir clientes?

Detrás de cada playa afectada hay miles de familias cuya economía depende exclusivamente de la llegada de visitantes. Para ellas, cada día sin una respuesta efectiva significó menos ingresos, menos oportunidades y mayor incertidumbre.

Pero el problema no termina ahí. El nuevo plan tampoco parece mirar hacia todo Quintana Roo. Existen comunidades que históricamente han enfrentado el arribo masivo de sargazo sin recibir atención suficiente y que, una vez más, parecen quedar fuera de las prioridades oficiales.

Xcalak, Úvero, así como otras zonas del centro y sur del estado, siguen esperando acciones concretas. Para sus habitantes, el sargazo también representa pérdidas económicas, afectaciones a la pesca, al turismo comunitario y al equilibrio ambiental. Sin embargo, continúan siendo los grandes olvidados.

La nueva estrategia llega justo cuando el fracaso del modelo implementado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador resulta cada vez más evidente. Hoy se anuncia un nuevo comienzo porque, en los hechos, el plan anterior no dio los resultados esperados.

Y es válido preguntarse si este cambio responde exclusivamente a una necesidad ambiental o también a un cálculo político rumbo a los próximos procesos electorales, donde Quintana Roo volverá a tener un peso estratégico.

 En política, como en el turismo, el tiempo importa. Y en el caso del sargazo, el tiempo perdido costó empleos, ingresos, competitividad y oportunidades para miles de quintanarroenses. Ojalá que esta vez la estrategia no termine siendo otra promesa que el mar vuelva a llevarse.