El conflicto entre el magisterio de Quintana Roo y sus autoridades educativas ha entrado en una fase crítica, enredado entre omisiones pasadas y decisiones que hoy amenazan con encender una crisis aún mayor. 

Desde el 26 de febrero, maestros y maestras iniciaron un paro de labores que se prolongó por dos meses —hasta el 28 de abril— sin que la Secretaría de Educación de Quintana Roo, encabezada por Elda Xix Euán, aplicara sanción alguna. Durante ese tiempo, los docentes protagonizaron plantones frente al Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado y llegaron incluso a tomar las instalaciones de la SEQ. Nada ocurrió, más allá del desgaste y el silencio institucional. 

Pero hoy el escenario ha cambiado. Ahora que el magisterio quintanarroense retoma el paro indefinido como parte de la movilización nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la postura del gobierno estatal es distinta: advierten que esta vez sí habrá sanciones para quienes falten a sus labores docentes. ¿Por qué ahora sí y antes no? 

El cambio de actitud parece más político que pedagógico. Las autoridades temen que una protesta en plena coyuntura nacional —con la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el escrutinio mediático— arruine la narrativa de estabilidad que intenta sostener el partido gobernante. En lugar de escuchar al magisterio, optan por amenazarlo. 

Ante esta advertencia, el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria (Fndsss) no tardó en manifestar su respaldo absoluto al Comité Central de Lucha del Magisterio de Quintana Roo y a toda la base docente. Han ofrecido asesoría jurídica y acompañamiento legal ante cualquier acto de represión, y ya planean acercamientos con la Secretaría de Educación Pública y la propia Presidencia de la República. 

El dilema es evidente y sombrío. Si las autoridades deciden aplicar sanciones, podrían detonar una escalada de protestas más radicales, paralizando por completo el sistema educativo estatal en las últimas semanas del ciclo escolar 2024-2025. Pero si no lo hacen, los estudiantes seguirán siendo los principales perjudicados, acumulando días sin clases y perdiendo un derecho que el Estado está obligado a garantizar. 

Más allá de quién tenga la razón —y es innegable que los maestros han sido objeto de promesas incumplidas desde el sexenio de López Obrador—, lo cierto es que la Cuarta Transformación llegó al poder con la promesa de gobernar con y para el pueblo. Hoy, sin embargo, parece gobernar contra él, aplicando mano dura y dando la espalda al diálogo social. 

A este clima de tensión se suma una creciente polarización social, tanto en Quintana Roo como a nivel nacional. Mientras un sector de la ciudadanía respalda las exigencias del magisterio y reconoce la deuda histórica que el Estado tiene con los docentes, otro grupo comienza a manifestar su molestia por la pérdida de clases y la afectación directa a la educación de miles de estudiantes. Esta división refleja un país que sigue sin encontrar el equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación, alimentando un debate en el que, lamentablemente, los más jóvenes siguen siendo las principales víctimas de una disputa en la que las autoridades se resisten a construir puentes reales de diálogo. 

En Quintana Roo, la secretaria Elda Xix Euán se encuentra atrapada entre los intereses políticos de su administración y la presión legítima del magisterio. Pero mientras las autoridades hacen cálculos, la educación pública de Quintana Roo se tambalea. Y lo peor es que nadie parece tener una salida clara, justa ni digna para este conflicto que, en lugar de resolverse, sigue profundizándose. ¿Se resolverá al menos antes que termine el ciclo escolar vigente?

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