En pleno corazón del Caribe mexicano se desata una nueva contienda con la construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel, que divide a la isla entre quienes celebran la promesa de desarrollo turístico y quienes temen por su entorno natural y comunidad local.

Los defensores, entre ellos la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial local, Carmen Joaquín Hernández, ven en esta obra una oportunidad de oro para atraer barcos de mayor tamaño y visitantes con mayor poder adquisitivo. Desde su perspectiva, la infraestructura debe modernizarse para que Cozumel no quede rezagada en un mercado global cada vez más competitivo.

A ese jugador se suman fuerzas sindicales. El secretario de la CTM en la isla, Moisés Méndez Balam, celebró el proyecto como generador de empleos cruciales, especialmente en plena recuperación económica post‑pandemia. Su mensaje se refiere a no más turistas hacinados en muelles pequeños, sino mayor eficiencia logística y oportunidades laborales para los cozumeleños.

Pero en el otro lado, la voz ambiental y comunitaria se eleva con firmeza. Colectivos como Isla Cozumel y colectivos civiles advierten que la obra amenaza con destruir el arrecife Villablanca, zona vital para el turismo de buceo artesanal y para la pesca de bajo ingreso.

Según Rodrigo Huesca, activista en derechos humanos, el riesgo no sólo es ecológico, sino también social, ya que se corre el riesgo de privatizar espacio público y golpear el sustento de lancheros y guías independientes. Incluso lograron reunir casi 10,000 firmas y detener temporalmente la obra gracias a un amparo judicial que demostró irregularidades en la evaluación de impacto ambiental.

El factor político no tarda en sumarse. La presidenta  Claudia Sheinbaum fue cuestionada y aclaró que, hasta el momento, el proyecto no ha recibido la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito imprescindible. Sin embargo, en las calles y el mar de la isla se han visto movimientos de maquinaria y plataformas de estudio, una señal de que la contienda ya supera lo administrativo.

La construcción, estimada en 58 millones de pesos, enfrenta una fuerte polarización local. Unos celebran la posible modernización del destino y los empleos que promete; otros se preguntan si todo eso será en vano si al final se destruyen los arrecifes, se pierden playas y la comunidad no recibe beneficios reales.

¿Qué viene después? La obra aún debe cumplir con legislación, auditorías ambientales y un diálogo real con la sociedad civil. El desafío: equilibrar el crecimiento económico con la protección de un entorno que, a fin de cuentas, es lo que convierte a Cozumel en un destino único.

Este cuarto muelle no es solo un proyecto; es un termómetro de nuestra capacidad como sociedad para decidir cómo queremos vivir y hacia dónde vamos. Si se convierte en una realidad sin cuidado ambiental ni beneficio comunitario, no será progreso, sino un error que podría lamentarse por décadas.

Cozumel necesita soluciones que fortalezcan su identidad, protejan sus ecosistemas marinos y aseguren beneficios compartidos, más allá de decisiones políticamente impulsadas sin consenso comunitario.

Mientras autoridades —locales, estatales y federales— evalúan el futuro de este proyecto, la construcción del cuarto muelle quedó momentáneamente en pausa. Sin embargo, el problema persiste: ¿se privilegiará la ganancia rápida o se apostará por un modelo turístico sustentable y equitativo?

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