Hay decisiones que terminan produciendo exactamente el efecto contrario. Eso ocurrió con el modelo de operación impuesto al Parque del Jaguar y a los accesos de la zona arqueológica de Tulum, y ahora habrá que rescatar la zona, sin posibilidad de recuperar lo perdido.

Lo que se presentó como un proyecto de conservación terminó convirtiéndose en un obstáculo para el turismo, para los habitantes y para cientos de prestadores de servicios que durante meses vieron disminuir la llegada de visitantes.

La propia decisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la gobernadora Mara Lezama constituye, por sí misma, el reconocimiento de que era necesario corregir el rumbo. Si hoy se elimina el cobro de acceso al Parque del Jaguar, si se reducen las tarifas para ingresar a la zona arqueológica y si se facilita nuevamente el acceso a las playas, es porque el esquema anterior simplemente no estaba dando resultados.

El modelo instaurado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acompañado por las decisiones adoptadas en el ámbito local, terminó convirtiendo uno de los mayores atractivos turísticos de México en un sitio complicado de visitar. Barreras, cobros, restricciones y problemas de movilidad afectaron no sólo al turista, sino también a comerciantes, transportistas, guías, hoteleros y a la economía de Tulum en general.

La consecuencia fue evidente. Mientras otros destinos competían por atraer visitantes, Tulum enviaba señales de complicación. El acceso dejó de ser sencillo y comenzó a percibirse como un destino caro, burocrático y poco amigable para quien simplemente deseaba disfrutar de sus playas o recorrer la zona arqueológica. Esa percepción golpeó directamente la actividad económica.

A ello se sumó un problema todavía más delicado: la seguridad. Cuando disminuye la presencia constante de visitantes, comerciantes y actividad económica, los espacios públicos pierden dinamismo. El turismo no sólo genera ingresos; también representa ocupación permanente del territorio, inversión y vigilancia natural. Un destino con menor afluencia termina siendo más vulnerable para el crecimiento de actividades ilícitas y para el deterioro de su imagen.

Por eso resulta acertado que la presidenta haya decidido escuchar a empresarios, ciudadanos y autoridades estatales. Rectificar nunca debe verse como una derrota política, sino como una muestra de sensibilidad frente a la realidad.

También debe reconocerse el papel de Mara Lezama, quien ha insistido en recuperar la competitividad turística de Quintana Roo y en mantener una coordinación permanente con el Gobierno Federal para corregir aquello que sea necesario. La gobernadora entendió que defender al turismo significa defender miles de empleos y el sustento de miles de familias quintanarroenses.

Ahora viene la parte más importante: que los anuncios se traduzcan rápidamente en hechos. Los visitantes deberán comprobar que el acceso vuelve a ser sencillo, que los costos realmente disminuyen y que Tulum recupera la hospitalidad que durante años lo convirtió en uno de los destinos más admirados del mundo.

Porque cuando una política pública genera más problemas que beneficios, corregir el rumbo no es una opción. Es una obligación. Y en Tulum, esa corrección llega justo a tiempo para evitar que un destino extraordinario siga pagando el costo de decisiones que nunca debieron alejar a la gente de sus playas y de su historia.