Las tensiones al interior del pueblo maya de Quintana Roo no son nuevas, pero hoy atraviesan un punto crítico. Lo que antes se dirimía en el ámbito comunitario, ahora ha escalado a tribunales, medios y opinión pública.

En el centro del conflicto se encuentra el llamado Gran Consejo Maya (GCM), encabezado por Simón Caamal Coh, cuya legitimidad ha sido recientemente cuestionada por representantes de centros ceremoniales y diversas comunidades.

El detonante fue la sesión del 26 de marzo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que la ministra Yasmín Esquivel reveló la existencia de un acuerdo contractual por 15 millones de pesos entre Grupo Xcaret y el Gran Consejo Maya. Un convenio que, más allá del monto, permanecía fuera del escrutinio público.

La inconformidad no gira únicamente en torno a la cifra, sino a la opacidad. Comunidades mayas han señalado que esos recursos no se han traducido en beneficios tangibles: ni en el fortalecimiento de centros ceremoniales, ni en el mantenimiento de iglesias tradicionales, ni en proyectos comunitarios visibles. En un contexto donde cada peso cuenta, la ausencia de resultados concretos alimenta la desconfianza.

La reacción ha sido contundente. Voces como la del general maya Alejandro Cauich May han subrayado que esta no es una disputa de liderazgos, sino una defensa del patrimonio colectivo. Su exigencia de una auditoría al Gran Consejo Maya trasciende lo administrativo, es un reclamo de rendición de cuentas en un espacio donde la representación legítima no es un trámite, sino un principio fundamental.

El conflicto, sin embargo, deja ver una fractura más profunda ¿quién tiene la autoridad para hablar en nombre del pueblo maya? La existencia de organismos como el Gran Consejo, cuya representatividad es disputada, evidencia la urgencia de construir mecanismos claros, transparentes y participativos. Sin ellos, cualquier interlocución corre el riesgo de convertirse en simulación.

El caso también envía un mensaje claro a actores externos —empresas, instituciones e incluso gobiernos, ya que la relación con los pueblos originarios no puede seguir mediada únicamente por acuerdos cupulares. La consulta directa, libre e informada no es una concesión, sino una obligación ética y, cada vez más, jurídica. Más aún cuando están de por medio recursos millonarios y el uso de expresiones culturales con profundo significado identitario.

En este contexto, la decisión de Grupo Xcaret de suspender la Travesía Sagrada, un evento con 19 años de historia, adquiere un peso simbólico. La empresa argumenta que busca evitar interpretaciones de confrontación y proteger la viabilidad del proyecto. Pero la suspensión también puede leerse como un reconocimiento tácito de que el conflicto ha alcanzado un nivel donde ya no es posible separar cultura, representación y legitimidad.

La cancelación no sólo impacta a quienes se prepararon durante meses para participar, sino que exhibe la fragilidad de los proyectos culturales cuando no están cimentados en consensos reales con las comunidades. Porque la cultura no es espectáculo sin contexto, ni tradición sin voz.

Al final, lo que está en juego va mucho más allá de un convenio o un evento cancelado. Se trata de la capacidad del pueblo maya para decidir sobre su propia identidad, su patrimonio y su futuro. ¿Quién debe tener la última palabra en esa decisión?