Por más que se intente vender como un ejercicio de responsabilidad financiera, la aprobación del Paquete Económico 2026 de Quintana Roo deja claro que el presupuesto es, ante todo, un acto político. El Congreso del Estado avaló un gasto de 53 mil 981 millones de pesos, una cifra nada menor, aunque 2 mil 532 millones por debajo de lo solicitado originalmente por la gobernadora Mara Lezama. El mensaje es claro: sí al crecimiento del gasto, pero con tijera en mano.

Aun con los recortes, el presupuesto aprobado crece 5 por ciento respecto a 2025, cuando el gasto estatal fue de 51 mil 473 millones de pesos. Es decir, hay más dinero, pero también una redistribución que refleja prioridades, equilibrios internos y concesiones políticas.

El Poder Ejecutivo se lleva 34 mil 419 millones de pesos, también con un aumento del 5 por ciento. El Legislativo apenas crece 1 por ciento y el Judicial mantiene un incremento del 5, en línea con la Constitución local. Los ayuntamientos reciben un respiro con un aumento del 5 por ciento en participaciones, mientras que los ramos generales crecen 8 por ciento y la administración estatal 3.

Donde sí hubo tijera fue en los órganos autónomos, que registran una reducción del 1 por ciento, explicada en gran medida por la desaparición del Idaipqroo. Una decisión que, más allá del ahorro, abre el debate sobre el debilitamiento de contrapesos institucionales bajo el argumento de la austeridad.

En el discurso oficial de los legisladores, el presupuesto mantiene su enfoque en áreas “prioritarias”. Educación destaca con un incremento superior al 21 por ciento, Bienestar crece más del 14 por ciento y Seguridad Ciudadana supera el 7 por ciento, alcanzando más de 4 mil 260 millones de pesos. También se observan alzas en Salud, Protección Civil, el Instituto de Movilidad y Proyectos Estratégicos, rubros que suelen ser bien recibidos en el plano político y mediático.

Uno de los movimientos más reveladores fue el ajuste a la Fiscalía General del Estado. Aunque en la propuesta inicial se planteaba un recorte, finalmente el Congreso optó por asignarle 26.6 millones de pesos adicionales, dejando su presupuesto idéntico al de 2025: 1 mil 701 millones de pesos. No hay aumento, pero tampoco castigo. Un punto medio que evita tensiones en un área clave para la gobernabilidad.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que Obras Públicas, Turismo y los Servicios Estatales de Salud enfrentan reducciones relevantes, lo que plantea dudas sobre la capacidad de ejecución de proyectos y la atención de rezagos estructurales, especialmente en un estado que vive del turismo y enfrenta retos constantes en infraestructura y servicios médicos.

El Paquete Económico 2026 refleja, en suma, un equilibrio calculado: crecimiento moderado, ajustes selectivos y un claro mensaje de control desde el Congreso hacia el Ejecutivo. El reto no estará en los números aprobados, sino en cómo y en qué se gasta. Porque al final, más allá de porcentajes y millones, el verdadero juicio ciudadano llegará cuando se evalúe si este presupuesto mejora —o no— la vida cotidiana de los quintanarroenses.