Lo que está ocurriendo en Tulum es el resultado de una serie de decisiones equivocadas tomadas desde el escritorio del Gobierno Federal, sin escuchar a quienes realmente conocen y viven del destino.

La creación del llamado Parque Nacional del Jaguar, presentada como un proyecto de conservación y desarrollo sustentable, ha terminado por asfixiar buena parte del atractivo turístico de Tulum, cerrando accesos, limitando el libre tránsito y desplazando a los locales de los espacios que por años fueron parte de su identidad y sustento.

De la noche a la mañana, el Gobierno Federal cercó el corazón de Tulum, apropiándose de zonas que antes eran libres, públicas y que hoy solo pueden disfrutarse tras pasar filtros, pagar entradas o simplemente resignarse a no entrar.

Durante años, Tulum fue el símbolo del éxito turístico de Quintana Roo. Un destino que presumía playas vírgenes, una vibra bohemia y un crecimiento económico desbordado.

Pero hoy, las imágenes que circulan en redes sociales muestran calles vacías, locales cerrados y playas casi desiertas. Lo que alguna vez fue sinónimo de lujo y exclusividad, parece estar viviendo una crisis silenciosa, resultado de una combinación de factores sociales, empresariales y políticos que están golpeando al “paraíso maya” más famoso del Caribe mexicano.

Pero mientras en la Ciudad de México presumen la “protección del jaguar” y los supuestos beneficios ambientales del parque, en Tulum los efectos son devastadores: las playas vacías, los negocios cerrados y el turismo en picada. La promesa de desarrollo ecológico se ha convertido en una política de exclusión. Lo que era una experiencia de libertad natural se transformó en un espacio controlado, donde el visitante se siente vigilado y el habitante, expulsado.

El gobierno municipal, encabezado por Diego Castañón, ha intentado contener el golpe. Ha buscado abrir al menos el paso a los locales, defender el derecho de los tulumenses a disfrutar de su mar y su arena sin pagar, y promover una campaña para reabrir las playas al público.

Pero su margen de acción es limitado: los terrenos y permisos ahora dependen directamente de instancias federales.

Hoy, Tulum es un ejemplo claro de cómo el discurso de la “transformación” puede destruir lo que dice proteger. En lugar de fortalecer al municipio y trabajar con sus habitantes, el Gobierno Federal impuso su visión, desplazó a quienes han cuidado el destino durante décadas y le arrebató a la gente su derecho al mar.

Si no se corrige el rumbo, el “Parque del Jaguar” quedará como símbolo de un error monumental: el día en que el poder político decidió encerrar el paraíso.

Es urgente que el gobierno federal reaccione. No se trata solo de turismo ni de conservación –que por cierto, se vuelve falsa si excluye a los propios habitantes–, se trata de justicia territorial y de respeto al derecho al espacio común. Tulum no puede convertirse en una postal vedada a quienes lo habitan.

El Parque Jaguar debe replantearse. Abrir sus puertas gratuitamente a los locales no es una concesión, es una obligación ética. Y más allá de eso, es momento de que se inyecten recursos no solo para cuidar la selva, sino para regenerar el tejido social que se está rompiendo por políticas impuestas desde el escritorio.

Tulum está a tiempo de salvarse, pero no puede hacerlo solo. La lucha no es entre ecología y acceso, sino entre la imposición y la convivencia. Y si el Gobierno Federal no lo entiende pronto, será responsable no solo del declive económico y social, sino de haber arrancado de raíz una de las últimas comunidades que vivían en armonía con su entorno.

¿Admitirá, el gobierno federal, algún día su error?