En México, la justicia ha sido, por mucho tiempo, privilegio de unos cuantos. No ha sido imparcial ni accesible; ha sido costosa, clasista y muchas veces corrupta. No ha defendido al pueblo, sino a los poderosos. Por eso, desde la Cuarta Transformación, sostenemos que ha llegado el momento de abrir al pueblo ese poder que históricamente se le negó: el Poder Judicial. 

Proponemos que jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, se elijan por voto popular. Y esta propuesta, lejos de ser un riesgo, es una respuesta a una exigencia histórica: democratizar la justicia. 

En nuestro país, el pueblo elige a quienes quieren que los  gobierne. ¿Por qué no habría de elegir también a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de impartir justicia? Hoy, los ministros y ministras llegan por designaciones que se negocian entre élites políticas, en lo oscurito. Muchos de ellos y ellas jamás han sentido en carne propia lo que significa vivir sin justicia. ¿Cómo van a entender a quienes luchan por una pensión, por recuperar una casa, por frenar un despojo? 

La elección mediante voto no implica politizar la justicia, como dicen algunos, sino abrirla a la transparencia, al debate público y a la rendición de cuentas. Implica acabar con el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias que ha caracterizado a ese poder. Es devolverle al pueblo la posibilidad de incidir en cómo se imparte justicia en su país. 

Creemos firmemente en una justicia con rostro humano, cercana, que no se esconda en un lenguaje técnico para proteger intereses oscuros. Una justicia que no juzgue la pobreza, sino que la entienda. Que no castigue al que menos tiene, sino que lo defienda frente a los abusos. 

Por eso decimos con firmeza: sí, el Poder Judicial debe elegirse por el pueblo. Porque sólo así la justicia dejará de ser un privilegio para convertirse, por fin, en un derecho.