La invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al Papa para visitar México no pasó desapercibida ni mucho menos fue recibida de manera unánime. En un país profundamente católico, el anuncio toca fibras sensibles, pero también abre una discusión inevitable sobre el contexto político, social y de seguridad en el que se plantea este eventual viaje.

No es solo una invitación protocolaria, sino que es un mensaje político cargado de simbolismo que busca proyectar cercanía con un referente moral global en medio de una realidad nacional marcada por la violencia.

Las críticas no tardaron en llegar. El expresidente Felipe Calderón cuestionó la congruencia del gesto, recordando que Sheinbaum no acudió al funeral del Papa que falleció hace apenas siete meses, pese a la relevancia histórica y espiritual del evento.

Para sus detractores, la invitación luce oportunista, más pensada para beneficio político que para una auténtica relación con la Iglesia. Para sus defensores, en cambio, se trata de un acto institucional legítimo que reconoce la importancia del Vaticano y del catolicismo en la vida pública mexicana.

Sin embargo, más allá de las formas y los antecedentes, el fondo del debate es otro: ¿es México hoy un país seguro para recibir al Papa? La pregunta no es menor. La violencia cotidiana, los asesinatos de alto impacto y casos como el de Carlos Manso —que se suman a una larga lista de crímenes impunes— dibujan un panorama preocupante.

La presencia del líder de la Iglesia católica implicaría un enorme reto logístico y de seguridad para un Estado que, hasta ahora, no ha logrado contener la espiral delictiva en amplias regiones del país.

Paradójicamente, es justo en ese contexto donde la Presidenta busca encuadrar la visita papal como un impulso a su llamado “plan de paz contra la violencia en México”. La imagen del Papa recorriendo suelo mexicano, hablando de reconciliación, justicia social y fraternidad, serviría como un poderoso respaldo simbólico a esa estrategia.

No obstante, el riesgo es evidente, porque la fe pudiera ser utilizada como escudo discursivo frente a problemas estructurales que requieren acciones concretas, no solo gestos de alto impacto mediático.

La posible visita del Papa coloca a Sheinbaum en una encrucijada. Puede convertirse en un acto histórico de esperanza y diálogo, o en un episodio más de contradicciones entre el discurso y la realidad. Al final, la fe no sustituye a la seguridad, ni los símbolos reemplazan a las políticas públicas eficaces.

A todo ello se suma una contradicción difícil de soslayar, pues mientras se extiende una invitación al líder espiritual de millones de católicos bajo la narrativa de la paz, amplias regiones del país siguen atrapadas en una espiral de violencia cotidiana que desmiente cualquier discurso oficial.

En ese contexto, la sola idea de una visita papal abre interrogantes legítimas: ¿está México hoy en condiciones de ofrecer seguridad real al Sumo Pontífice?, ¿o se trataría de un operativo monumental que contraste, una vez más, con el abandono en que viven millones de ciudadanos?

Paradójicamente, la eventual presencia del Papa serviría también como una poderosa herramienta simbólica para el Gobierno Federal, que busca reforzar su llamado “plan de paz contra la violencia en México”. Sin embargo, la paz no se decreta ni se importa en forma de visita ilustre; se construye con resultados, justicia y un combate frontal a la impunidad.

México puede recibir al Papa con los brazos abiertos, pero antes debe responder una pregunta incómoda: ¿está el país en condiciones de ofrecerle, y ofrecerse a sí mismo, algo más que buenas intenciones?