En Quintana Roo solemos presumir que vivimos en un estado de derecho, donde las instituciones garantizan la legalidad y la equidad en los procesos democráticos. Sin embargo, conforme se acerca la definición de Morena rumbo a la gubernatura de 2027, pareciera que la ley que realmente impera es otra: la ley de la selva. 

El próximo 22 de junio, Morena iniciará formalmente su proceso interno para designar a quién será su coordinador de defensa de la transformación. En términos prácticos, quien obtenga esa posición tendrá práticamente el camino asegurado hacia la candidatura a la gubernatura.

La disputa tiene dos protagonistas principales: el senador Eugenio "Gino" Segura y el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo. 

Ambos han desplegado estructuras, eventos, promoción en redes sociales y actividades que claramente buscan posicionarlos ante la opinión pública. Y contra ambos se han presentado denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada.

Hasta ahí, nada fuera de lo normal. En cualquier democracia es natural que existan denuncias entre adversarios políticos. Pero lo preocupante aparece cuando el árbitro parece jugar para favorecer a uno de los equipos.

Hace apenas unos días, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) emitió medidas cautelares contra Rafa Marín y la agrupación "Amigos de Rafa Marín", ordenándoles abstenerse de realizar actividades de promoción anticipada y solicitando incluso la eliminación de publicaciones en redes sociales, por considerar que podrían vulnerar la equidad de la contienda.

Sin embargo, cuando las denuncias apuntaron hacia Gino Segura por actividades similares, el resultado fue distinto. No hubo medidas cautelares, no hubo restricciones y tampoco llamados públicos de atención. Para muchos, la diferencia de trato resulta difícil de explicar.

Y cuando las reglas parecen aplicarse de manera distinta dependiendo del personaje involucrado, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse. Porque la función de un árbitro no es decidir quién gana, sino garantizar que todos jueguen bajo las mismas condiciones.

Pero el conflicto no termina ahí. Ahora el debate escaló al interior del propio Morena. Fundadores del movimiento en Quintana Roo presentaron denuncias ante instancias nacionales argumentando que Gino Segura forma parte del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México. En otras palabras, sostienen que ni siquiera cumple con la condición política básica para encabezar un proceso interno de Morena, porque su pertenencia real estaría en otro partido.

La acusación es seria y, de ser cierta, abriría un frente jurídico de grandes dimensiones. Los denunciantes incluso retaron públicamente al senador a demostrar que no forma parte de la estructura verde.

Así, mientras unos discuten actos anticipados de campaña, otros discuten la propia elegibilidad de los aspirantes. Y todo esto ocurre antes de que siquiera arranque formalmente el proceso electoral.

Lo que viene, seguramente se arreglará en los tribunales. Porque cuando las instituciones internas no logran resolver las diferencias, los actores políticos terminan buscando respuestas en los órganos jurisdiccionales.

Morena enfrenta entonces una prueba compleja. Decidir si la definición de su candidato responderá realmente a las bases y al llamado "pueblo sabio", o si prevalecerán los acuerdos, las estructuras de poder y los intereses particulares.

Por ahora, el panorama deja más preguntas que respuestas. Y cuando el árbitro genera más dudas, las reglas parecen flexibles y los jugadores cuestionan la legitimidad de sus adversarios, el riesgo es que la competencia deje de parecer una contienda democrática para convertirse simplemente en una lucha donde sobreviva el más fuerte, tal y como reza la famosa ley de la selva, título de esta Obertura.