El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes abre una discusión que vale la pena observar más allá de la coyuntura.

Curiosamente, la medida retoma un principio que hemos defendido frente a los intentos de regular internet y la inteligencia artificial desde el poder: apostar por la autorregulación de las plataformas, en lugar de convertir al gobierno en el árbitro de todo lo que ocurre en las redes sociales.

El acuerdo plantea que empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X implementen mecanismos para retirar contenidos violentos, combatir el acoso y el ciberbullying, establecer controles de edad y reforzar la privacidad de las cuentas de menores. También contempla canales de comunicación con las autoridades para atender amenazas y preservar evidencia. Las compañías tendrán un plazo para informar sobre sus avances y, al menos en esta etapa inicial, el modelo no contempla sanciones económicas directas.

Hay razones para considerar importante este paso. La violencia digital existe y puede tener consecuencias graves, especialmente entre quienes todavía no cuentan con las herramientas para enfrentarla. No podemos asumir que las plataformas son espacios neutrales ni ignorar que sus decisiones sobre contenidos, recomendaciones y mecanismos de denuncia influyen en lo que vemos y en la forma en que interactuamos; por ello, exigirles que asuman responsabilidades es lógico.

Pero, como suele ocurrir, hay un “pero”. Y esta vez no está únicamente en el gobierno ni en las empresas tecnológicas, sino en nosotros.

Por más decretos y mecanismos, ninguna disposición podrá borrar por arte de magia la violencia de internet. Las plataformas pueden retirar publicaciones, cerrar cuentas y limitar la exposición a determinados contenidos, pero no pueden sustituir por completo el criterio de millones de personas que todos los días deciden qué consumen, qué comparten, qué escriben, qué publican y qué dicen.

El filtro más importante no debería depender de una autoridad pública o privada, sino del sentido común y la responsabilidad del usuario. Eso no significa eximir a las empresas de sus obligaciones ni ignorar la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, sino entender que la seguridad digital requiere más que mecanismos técnicos: exige educación, conciencia y capacidad para reconocer cuándo nuestra propia conducta contribuye a la violencia.

Aquí aparece una comparación interesante con el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado en 2011 por medios de comunicación mexicanos. Aquel compromiso buscaba establecer criterios editoriales para tratar la información relacionada con la delincuencia organizada, evitar que los medios se convirtieran en voceros involuntarios de los criminales y reducir la difusión de mensajes que pudieran contribuir a propagar el terror. Su apuesta también descansaba, en buena medida, en la autorregulación.

El gobierno actual ha cuestionado ese tipo de acuerdos cuando se discute la manera en que los medios informan sobre la violencia. Entonces vale la pena plantear la pregunta: ¿en qué se diferencia aquella apuesta por la responsabilidad editorial del compromiso que ahora se pide a las plataformas digitales?

No son instrumentos idénticos. En 2011 se buscaba orientar la cobertura periodística mediante criterios acordados por los propios medios; el decreto actual establece medidas para que las plataformas protejan a menores frente a contenidos y conductas dañinas. Sin embargo, ambos comparten una idea: quienes participan en la comunicación deben asumir responsabilidades y adoptar medidas para reducir los efectos de la violencia, sin que la solución consista necesariamente en que el gobierno determine cada decisión editorial o cada interacción digital.

La comparación también deja una advertencia. Un acuerdo (o en este caso, un decreto) de autorregulación puede quedarse en una declaración de buenas intenciones si no hay seguimiento, transparencia y resultados verificables. Habrá que observar qué mecanismos implementan las empresas, cómo informan de sus avances y qué ocurre cuando las herramientas no cumplen su propósito.

Pero hay una discusión que no podemos delegar en las plataformas ni en el gobierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que internet sea un espacio menos violento? ¿Somos capaces de frenar una agresión digital en lugar de sumarnos a ella porque todos los demás lo hacen y genera interacción?

La autorregulación puede ser parte de la solución, también la vigilancia institucional. Pero ninguna de las dos reemplaza la responsabilidad individual porque al final, las redes sociales no publican, comparten ni comentan por sí solas, detrás de cada interacción hay una persona que toma una decisión.

Y mientras sigamos esperando que alguien más decida qué debemos ver, qué debemos compartir y cómo debemos comportarnos, el filtro más importante seguirá siendo el que menos utilizamos: nuestro propio criterio.