En pleno periodo de campañas, lo que más se respira en Quintana Roo no es efervescencia democrática, sino una preocupante indiferencia electoral. A unas semanas de que los quintanarroenses acudan a las urnas para elegir cargos dentro del Poder Judicial, el panorama luce alarmantemente gris. No sólo la gran mayoría desconoce quiénes son los candidatos en contienda, sino que tampoco entiende qué cargos están en juego, ni cómo se votará. Es decir, vamos a una elección en piloto automático y condenada al fracaso.

Y no es culpa del ciudadano común. El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), encabezado por Rubí Pacheco Pérez, ha fallado en lo más elemental: informar. No ha existido una campaña de comunicación robusta, ni siquiera una estrategia mínima para explicar al electorado qué se vota, cómo se vota y por qué importa. El resultado es un proceso que, lejos de fortalecer la democracia, parece condenado a hundirse en la desinformación.

Para colmo, las boletas representan un reto adicional. La decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo de ordenar que el voto sea en bloque, y no por candidato o cargo individual como antes, complica todavía más un proceso ya de por sí confuso. Aun quienes están mínimamente interesados, deberán enfrentarse a listas largas de nombres sin contexto, sin biografía pública, sin propuestas visibles. Así no hay manera de ejercer un voto informado.

En este escenario, la pregunta no es si habrá baja participación, sino qué tan baja será. ¿Y si no se alcanza un mínimo aceptable de votación? ¿El proceso será válido? ¿Se considerará nulo? ¿Habrá una segunda vuelta? Las autoridades electorales ni siquiera han abierto ese debate públicamente.

Pero hay un trasfondo aún más grave: el contexto de inseguridad. Según “México evalúa”, al menos ocho entidades enfrentan alto riesgo de violencia político-criminal. entre ellas, Quintana Roo. con tres grupos delictivos activos y en disputa por el control territorial, el estado no puede darse el lujo de organizar elecciones fallidas, menos aun cuando se trata de órganos judiciales. la debilidad institucional sólo allana el camino a la infiltración del crimen organizado.

Y, por si algo faltara, el descrédito que arrastra el Ieqroo tampoco ayuda. Su presidenta, Rubí Pacheco Pérez, ha sido señalada por operar con mano dura, sin apertura al diálogo ni al consenso. En una elección sin participación de partidos políticos, el papel del órgano electoral es más crucial que nunca. Y, sin embargo, la percepción generalizada es que el instituto actúa más como aparato burocrático que como garante de la voluntad popular.

Se nos dice que esta elección es una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de justicia más democrático, pero en realidad puede ser un boomerang institucional si fracasa. Y por ahora, todo apunta a que vamos directo a un desastre anunciado. Porque no se puede construir legitimidad sin información, sin confianza en las autoridades electorales y, mucho menos, sin participación.

Lo que está ocurriendo en Quintana Roo con esta elección judicial no es sólo una omisión institucional: es una irresponsabilidad democrática. La falta de difusión contundente por parte del Ieqroo revela un desdén absoluto hacia la ciudadanía. En lugar de acercar el proceso a la gente, lo han envuelto en tecnicismos, formatos enredados y una narrativa opaca, como si votar fuera un privilegio reservado para iniciados y no un derecho básico que debe ejercerse con claridad y convicción.

En tiempos donde la democracia se ve constantemente acechada por el desencanto, la indiferencia y el autoritarismo, el mínimo compromiso de las instituciones debería ser facilitar la participación y garantizar elecciones con sentido. En lugar de eso, el Ieqroo parece más interesado en cumplir el calendario que en generar legitimidad.

 Lo que se perfila no es una jornada cívica, sino un experimento a ciegas, sin brújula y sin credibilidad. ¿Y al Ieqroo, quién lo sanciona?

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