El Cabildo de Benito Juárez aprobó la semana pasada una iniciativa que, de botepronto, se antoja como una decisión desatinada, de un análisis corto, ya que ésta puede perjudicar a un muy amplio sector de la población cancunense, por lo cual requiere de su reconsideración.

En sesión, los concejales avalaron un dictamen de diferentes Comisiones Unidas para reformar disposiciones del Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida y Vialidad y del Reglamento de Tránsito, a fin de regular la autorización para construir casetas y/o instalar dispositivos de registro y control de acceso en zonas habitacionales que no fueron diseñadas con ello.

 Las casetas van a estar reglamentadas por medio de un comité de evaluación para que cumplan con todos los requisitos, entre ellos, deberán tener el 90 por ciento de la aprobación de los vecinos del área, mediante acta de asamblea, donde se pretendiera cerrar algún acceso.

Y aquí es donde radica lo que podría generar una discusión mayor: “En ningún momento se podrá impedir el libre tránsito a cualquier tipo de vehículos oficiales y de servicios, así como a los ciudadanos que vivan en ese sitio”. 

El gobierno de Benito Juárez debe saber que esta decisión toca el ámbito de la seguridad y que no puede encasillarla en cuestiones de tránsito. La colocación de casetas y guardias obedece a la necesidad de brindar vigilancia y protección a los vecinos de los fraccionamientos. El hecho de impedir la entrada a gente ajena y solicitar la identificación de visitantes ha provocado una drástica disminución en la incidencia delictiva.

Cierto es que en fraccionamientos que no operan bajo el sistema condominal, los vecinos no están obligados a pagar cuotas de mantenimiento y seguridad. Es ahí donde existen los inconformes de siempre, los que rechazan “reglamentos” internos que adoptan medidas de seguridad como casetas, vigilantes y cuotas.

Estas personas comúnmente se quejan ante las autoridades, pese a que han disfrutado (ellas, su familia y su propiedad) de la seguridad brindada y cubierta por sus vecinos a través de cuotas para el pago de vigilantes.

Es por ello que el gobierno municipal debe fomentar las medidas de autoprotección, de seguridad, de buena vecindad, de la existencia de administraciones de fraccionamientos que coadyuvan a ello en beneficio de la gente, de la zona, de la colonia y hasta de la misma ciudad.

La autoridad debe aceptar que no cuenta con el número de agentes indispensable ni con la capacidad de reacción oportuna. Entonces, terminar con las casetas de seguridad sería casi como darse un tiro en el pie.

El problema no es de tránsito, o más bien no es sólo de tránsito. La decisión afecta (y mucho) a asuntos tan sensibles como la seguridad y hasta la plusvalía de las viviendas.

La situación de inseguridad en el país entero obliga a todos a tomar medidas radicales, en las que todos deben contribuir con responsabilidad.

Y los gobiernos deben fomentarlo, jamás impedirlo por supuestas cuestiones de tránsito.

Negar la reconsideración generará una lluvia de amparos… Al tiempo