La  “Legislatura de la justicia social”, con casi nueve meses en funciones en la “Casa del Pueblo”, ha generado, recibido y aprobado diversas iniciativas de alto impacto político y social. De ahí su autodenominación. La XVIII crea y desarrolla trabajo propio, pero también ha sabido acompañar las propuestas del gobierno de Mara Lezama y las que bajan del Congreso de la Unión.

Comandada por el morenista Jorge Sanén en este primer año de ejercicio, el recuento lo sintetiza así: “Presentamos y damos seguimiento a iniciativas que reflejan el compromiso con los derechos humanos, el desarrollo juvenil, la igualdad sustantiva, la justicia, la prosperidad compartida y una legislación más sensible y cercana al pueblo.

En definitiva, más derechos, libertades y beneficios”.

Jorge Sanén acaba de presentar una reforma que pone en el centro lo más importante: la vida de las personas, para que la justicia social sea un eje rector en la Ley de Cultura de la Legalidad en Quintana Roo; es decir, se fortalecerá el marco legal con esa perspectiva social, para que no se pierda ni postergue.

“Debemos tener una ley que hable de equidad, dignidad y oportunidades reales para todas y todos. La legalidad, sin justicia, no transforma” dice el presidente de la Jugocopo, quien conduce la relación del Congreso con los demás poderes y niveles, cercano a la gobernadora Mara Lezama y a los demás liderazgos de su partido por su condición de presidente del Consejo Político de Morena.

Lo mismo en Comisiones, donde además de atacar el rezago, avanzan en el análisis de proyectos que proponen mejoras sustanciales para todos, sin excepciones, aun cuando el énfasis de dichas labores se pone principalmente en los sectores en situación de vulnerabilidad: niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y otros.

Lo mejor, ha adelantado Sanén Cervantes, es que alistamos más iniciativas para robustecer las leyes de protección a las mujeres, algunas sobre violencia digital, unas relacionadas con la participación juvenil y otras de pensiones alimenticias.

En las Casas de Gestión tampoco cesa la actividad, con asesorías, orientaciones, vinculación y apoyos. No se aburren. El compromiso es profundo: apoyar la transformación desde el legislativo estatal. En pocos días serán nueve meses, y contando, para consolidar la productividad. No se olvida: antes, la falta de productividad era una crítica permanente.