La llegada de la temporada decembrina en Quintana Roo siempre ha sido sinónimo de playas llenas, hoteles a tope y una derrama económica que sostiene miles de empleos. Pero, desde hace algunos años, también significa otra cosa: el incremento de los retos de seguridad en los destinos turísticos.

El Caribe mexicano, vitrina mundial de México, enfrenta cada invierno la misma pregunta ¿están preparados nuestros destinos para recibir a millones de visitantes en un entorno seguro?

Las alertas por hechos violentos en zonas como Cancún en Benito Juárez o Playa del Carmen ya no son excepciones. Son señales de que la convivencia entre turismo masivo y crimen organizado exige más que operativos improvisados. Es un tema muy delicado. La percepción de inseguridad se instala con rapidez y erosiona la confianza del visitante. Basta un video viral, un testimonio aislado o una nota roja para que un turista cambie sus planes o decida posponer su viaje. No se trata sólo de la competencia global entre destinos; es la reputación de Quintana Roo la que queda en juego.

Ante ese escenario, las autoridades municipales suelen responder con operativos especiales cada diciembre. Más patrullajes, más filtros, más presencia policial. Es un esfuerzo necesario, pero insuficiente. La seguridad no puede ser un traje que se estrena únicamente en temporada alta; debe ser una política permanente que abarque prevención, justicia, inteligencia y desarrollo social. Un destino no puede aspirar al turismo de alto nivel si su estrategia de seguridad depende del calendario y la agenda municipal.

El problema va más allá del turista, ya que afecta directamente a quienes viven y trabajan en estos municipios. Los empleados de hoteles, de restaurantes, de transportes, los prestadores de servicios, los comerciantes locales, todos sienten las consecuencias de la inseguridad.

Cuando la ocupación cae por temor o mala reputación, los primeros en resentirlo son los trabajadores que dependen del flujo turístico para sostener a sus familias. La seguridad turística, por tanto, no es un capricho, sino un asunto de justicia económica.

Otro elemento que merece atención es la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la industria turística. Mientras los hoteleros y empresarios invierten en seguridad privada, las autoridades siguen operando con modelos reactivos.

Falta una mesa permanente —real, operativa, no sólo de foto— que integre iniciativas conjuntas para vigilancia, prevención, transporte seguro, control de actividad informal y canales ágiles de denuncia para visitantes y trabajadores.

El Caribe mexicano sigue siendo un gigante turístico, y si Quintana Roo quiere sostener su liderazgo mundial, debe plantearse con seriedad un modelo integral que no espere al próximo diciembre para actuar como ya es costumbre en estos municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, liderados por alcaldesas morenistas.

La seguridad no es un regalo de temporada; es la condición mínima para que un destino prospere y un visitante regrese. En un mercado global cada vez más competitivo, los destinos que no garanticen paz serán fácilmente reemplazados por aquellos que sí lo hagan y las autoridades municipales deben actuar replicando el trabajo que se hace desde lo estatal. ¿Dejará de ser la seguridad un tema de temporada en estos municipios?