La presentación de la reforma electoral nacional que se aplazó nuevamente puede interpretarse de dos formas, que los partidos políticos aliados, los que tienen la mayoría calificada para su aprobación, presionan para que no pase tal cual, o que están cediendo a las negociaciones.

No se trata de quedar igual, fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al documento que, prometió sí o sí se presenta hoy 25 de febrero. ¿Para qué tanto diputados y regidores en los estados?, deslizó también en la conferencia mañanera de ayer.

Los partidos políticos tienen un día más para su análisis, para que la digieran pues, y por ello se ingresará hasta el día de hoy. Hay que decir que se otorgó un nuevo plazo para su presentación oficial luego del cónclave nacional de los partidos políticos en Palacio Nacional.

Hasta Palacio Nacional llegó Jorge Emilio González, líder moral del Partido Verde, además de representantes legislativos del Partido del Trabajo y Morena, todos para conocer a fondo el polémico documento.

Ya no especularemos sobre el contenido de la misa, puesto que sufre modificaciones constantemente derivado precisamente de esas negociaciones, cambios que la misma jefa del ejecutivo federal ha dicho que son menores y la propuesta va porque va.

Ahora bien, y aquí está el punto interesante del tema, la reforma electoral debe estar aprobada por la Cámara de Diputados Federal y los Congresos locales, a más tarde en mayo de este año, a fin de que sea aplicada en las elecciones del siguiente año.

El Artículo 105 de la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes del inicio del año electoral, que comienza la primera semana de septiembre de 2026, de ahí las fechas límites y no negociables para aprobar la reforma, es decir, en dos meses.

Es por ello que los plazos fatales son: mediados de marzo la aprobación en el Congreso de la Unión, para posteriormente ser enviada al Constituyente permanente que conforman la mayoría de los Congresos de los estados.

En ese contexto, este año podría ser el último en que los partidos políticos reciban los exorbitantes montos de recursos para sus operaciones ordinarias, puesto que una de las propuestas firmes de la Presidenta es su disminución en por lo menos un 50%, punto que hay que decir también está atorado en la mesa de discusión. Hasta la próxima.