Las reformas judicial y al juicio de amparo pueden potencialmente afectar a los negocios al generar inseguridad jurídica, lo que dificulta la planeación financiera y desalienta la inversión, particularmente la extranjera directa. Los impactos en la inseguridad jurídica y la inversión, ocasionados por estas reformas son, entre otros:

Menor certeza para la inversión. Las reformas pueden generar un ambiente de incertidumbre que desaliente la inversión, tanto nacional como extranjera. 

Dificultad para la planeación financiera. Al limitar el amparo y la suspensión, las empresas pueden enfrentar mayor dificultad para defenderse ante créditos fiscales firmes y para obtener una suspensión inmediata que detenga daños irreparables mientras se resuelve un juicio. 

Impactos en la defensa empresarial y el cumplimiento corporativo:

Debilitamiento de los medios de defensa. La reforma tiende a fortalecer la posición de la autoridad y a debilitar los medios de defensa de los particulares, como el amparo, haciendo que sea un recurso más limitado.

Mayor enfoque en la prevención y el cumplimiento. El mensaje de las reformas es que el Estado busca mayor eficacia, lo que obliga a las empresas a enfocarse más en el cumplimiento interno y la prevención, así como a ser más transparentes en sus operaciones.

Restricción en casos financieros y fiscales. Se restringe drásticamente la suspensión para casos como el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF y se limitan los recursos de revocación para impugnar actos de cobro de créditos fiscales una vez que se consideran firmes. 

Líderes de las más influyentes compañías de Estados Unidos pidieron a la Administración Trump renovar en 2026 el T-MEC, pero presionar para que las empresas sean protegidas ante lo que denominaron politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a "caprichos políticos".

Agrupados en la Business Roundtable (BRT) -asociación que congrega a unos 200 CEOs como Tim Cook, de Apple; Jamie Dimon, del banco JPMorganChase; Mary Barra, de la automotriz GM, y Raj Subramaniam, de la empresa de envíos FedEx- pidieron frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

En energía, por favorecer a Pemex y la CFE; en telecomunicaciones por privilegiar a Telmex de Carlos Slim; en aviación por proteger a Mexicana de Aviación, y evitar que los servicios de carga puedan hacerse en el AICM; y en paquetería, por obligar a empresas extranjeras a tener licencias de correos y proteger al servicio postal mexicano.

La BRT dijo tener serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del T-MEC y obstaculizan el comercio transfronterizo en sectores clave.

A diferencia del tratado que le antecedió (conocido como TLCAN) y que estuvo vigente hasta 2020, las protecciones bajo el Mecanismo ISDS del T-MEC redujeron el tipo de reclamos que inversionistas de EU pueden presentar al Estado mexicano.

Además, cuestionaron a la Cofepris, organismo que calificaron de "inconsistente" en sus normas regulatorias que afectan a productos médicos y biológicos estadounidenses.

Algunas de las advertencias de los CEOs estadounidenses sobre México:

Reforma judicial: Socava clima de inversión y el Estado de Derecho.

Derechos del inversor: Restaurar la Solución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS).

Barreras digitales: Regulaciones que restringen el comercio digital en violación del T-MEC.

Prácticas fiscales injustas: El SAT ataca a las empresas multinacionales con auditorías y evaluaciones poco razonables.

Discriminación a favor de empresas estatales: Protección a Pemex, CFE y Mexicana de Aviación.

Autoridades regulatorias inconsistentes: La Cofepris carece de un enfoque regulatorio consistente, lo que demora productos de EU.

Estas son las consecuencias de aplicar la ideología sobre el sentido común, sobre todo cuando lo que está en juego es la viabilidad económica de México. Al garantizar la seguridad a la inversión y las reglas claras del juego económico, no hay segundo piso de la transformación que valga.