El arranque del debate presupuestal para 2026 vuelve a poner sobre la mesa un tema que, aunque se discute cada año, nunca termina de resolverse, cómo se reparte el dinero público en Quintana Roo y, sobre todo, qué tan visible es su impacto en la vida cotidiana de la gente.

Las dependencias estatales, los órganos autónomos y los once municipios presentaron ya sus propuestas, cada uno con su propia narrativa de urgencias y prioridades. Pero lo que la ciudadanía espera —y con razón— es que el presupuesto se concentre en los ejes que realmente duelen, como salud, seguridad, infraestructura urbana y servicios que funcionen más allá de la foto y del discurso.

Este año destaca nuevamente el caso de los órganos autónomos, particularmente el Instituto Electoral de Quintana Roo, que insiste en presupuestos difíciles de justificar ante una sociedad cada vez más exigente y consciente del costo real del aparato gubernamental.

En contraste, los municipios, que son la primera línea de atención a la ciudadanía, parecen caminar en sentido inverso: piden más, gastan más, pero entregan menos resultados tangibles.

Othón P. Blanco es el ejemplo más evidente —y más doloroso— de esta contradicción. El municipio capitalino vive de la mano extendida hacia el gobierno estatal, ya que limpieza de espacios públicos, reparación de áreas verdes, mantenimiento básico… todo llega desde afuera porque adentro no hay capacidad, no hay ejecución o simplemente no hay voluntad. Y es inevitable preguntar: ¿dónde queda el millonario presupuesto municipal? ¿Dónde termina la recaudación de impuestos que, al menos en papel, debería sostener servicios elementales?

Bacalar y Benito Juárez tampoco escapan del escrutinio. Aunque manejan presupuestos muy distintos y dimensiones urbanas incomparables, comparten una percepción ciudadana que se repite en todos los tonos, porque el dinero no se ve reflejado en las calles. No se ve en el alumbrado, ni en la movilidad, ni en la seguridad, ni en la imagen urbana. En algunos casos, ni siquiera se ve en la mínima atención que debería recibir un contribuyente después de pagar sus impuestos puntualmente.

Mientras tanto, las dependencias estatales hablan de fortalecer programas sociales, salud pública y seguridad; promesas que, si bien suenan esperanzadoras, requieren del compromiso real de los municipios para aterrizar en territorio. Porque el ciudadano no vive en las oficinas centrales ni en las mesas de planeación. Vive en calles con baches, en colonias con luminarias apagadas, en parques descuidados, en trámites que demoran y en servicios que no llegan.

El presupuesto 2026 tiene la oportunidad de marcar una diferencia, pero no si se sigue administrando bajo la lógica de siempre: más dinero para la burocracia, menos claridad para la gente. La discusión que viene será el termómetro de la voluntad política de cada autoridad. Y también será el espejo en el que la ciudadanía podrá ver, una vez más, quién gobierna pensando en el territorio… y quién sigue gobernando desde la comodidad del escritorio.

Al final del día, el verdadero desafío no es repartir un presupuesto más grande o más pequeño, sino demostrar que cada peso se usa con propósito y en beneficio de la comunidad. La opacidad, los subejercicios y los desvíos disfrazados de “gasto operativo” han erosionado la confianza pública durante años. Por eso urge que este nuevo ciclo presupuestal venga acompañado de reglas claras, auditorías constantes y mecanismos ciudadanos de vigilancia que no solo revisen números, sino que exijan resultados. Porque los gobiernos pueden argumentar que no les alcanza, pero la ciudadanía sabe que el problema no siempre es el monto, sino la forma en que se administra. ¿Se verá plasmado el presupuesto en las calles, o seguirá el mismo camino de siempre de la falta de resultados?