En la Cuarta Transformación no hablamos de seguridad desde la represión ni la demagogia. La concebimos como un derecho humano que se garantiza con transparencia, profesionalización y herramientas que coloquen al ciudadano en el centro.

Esa convicción hoy se materializa con hechos: Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en implementar el Informe Policial Homologado Móvil (IPH Móvil), una innovación que transforma la manera en que nuestras corporaciones trabajan y fortalecen el combate a la corrupción.

No es casualidad que esta acción surja aquí: Quintana Roo está a la vanguardia de la Cuarta Transformación, y como legislador comprometido con este proyecto, celebro y respaldo con fuerza este paso histórico.

Durante años, los informes policiales eran procesos burocráticos, lentos y vulnerables a malas prácticas.

Hoy, gracias a la visión de un gobierno estatal alineado con la presidenta Claudia Sheinbaum y el legado de López Obrador, nuestros elementos de seguridad ya pueden generar reportes desde una tableta, en campo, en solo una hora, cuando antes tomaban hasta 24.

Esto no solo agiliza la operación: rompe de raíz las zonas grises donde por décadas se incubaron la impunidad y la corrupción. Ahora, cada detención queda documentada con ubicación geográfica, fotografías y evidencia directa, y se enlaza en tiempo real con Plataforma México y el Registro Nacional de Detenciones.

Este avance representa más que tecnología: es un cambio estructural en la forma de hacer justicia en México. No se trata de cámaras ni botones de pánico, sino de instituciones fuertes, digitalizadas y con controles ciudadanos, que permiten a las fuerzas del orden actuar con legalidad, sin pretextos ni discrecionalidad. Eso es gobernar con principios, no con ocurrencias.

En mi papel como diputado de la Transformación y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, he insistido desde el primer día en que la justicia no puede construirse sin instituciones modernas y sin policías dignificadas. Este sistema, ya en marcha en los 11 municipios del estado y operado por 400 elementos capacitados, refleja que no basta con pedir resultados: hay que construir condiciones para que la seguridad esté al servicio del pueblo y no de intereses particulares.

Quintana Roo ha reducido sus homicidios en un 68%. No por mano dura ni discursos vacíos, sino porque se gobierna con honestidad, coordinación entre órdenes de gobierno y una apuesta real por la paz con justicia. Esa reducción es el reflejo de un modelo que apuesta por la prevención, la inteligencia policial y la rendición de cuentas. El IPH Móvil refuerza esa ruta: cada actuación policial ahora queda registrada, trazable y supervisable.

Este avance también está alineado con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo impulsado por la gobernadora Mara Lezama.

Desde el Congreso hemos respaldado esta visión con reformas legales que fortalecen el marco de actuación de las instituciones, promueven la equidad en el acceso a la justicia y blindan la seguridad desde una lógica de derechos humanos. Porque en la Cuarta Transformación la seguridad no se impone, se construye con la gente y para la gente.