Los diversos sectores en Estados Unidos que han mostrado su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, se sumaron ahora más de 2 mil 200 firmas tecnológicas, incluyendo gigantes multinacionales.

Las firmas agrupadas en la poderosa Consumer Technology Association (CTA), entre las que están Nvidia, Panasonic, Microsoft y Samsung, denunciaron ante la administración Trump que la reforma judicial en México perjudica los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC y recomendaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum revertirla.

Además, acusan que el SAT los ha amenazado con auditorías para liberar mercancía en las aduanas, haciéndolos víctimas de terrorismo fiscal.

El término “terrorismo fiscal” (usado por críticos para describir medidas coercitivas del Servicio de Administración Tributaria, SAT) y las recientes reformas al Poder Judicial mexicano afectan al T-MEC principalmente al generar incertidumbre jurídica y erosionar la confianza de los inversionistas extranjeros. Esto puede llevar a consultas y paneles arbitrales bajo el tratado de libre comercio T-MEC.

El concepto de “terrorismo fiscal” se refiere a una serie de medidas y reformas al Código Fiscal que, según las cámaras empresariales y expertos, instituyen un sistema donde la sospecha de evasión basta para actuar contra los contribuyentes, dejándolos en un estado de indefensión.

Incertidumbre para la inversión: Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, requieren un entorno de certidumbre jurídica. Las prácticas fiscales percibidas como agresivas o discrecionales por parte del SAT (como la presunción de operaciones inexistentes o la criminalización del contribuyente) vulneran esta seguridad, lo que puede disuadir nuevas inversiones en el marco del nearshoring y otros proyectos.

Violación de principios de justicia: Al supuestamente vulnerar derechos como el principio de inocencia, estas medidas podrían ser vistas como un incumplimiento de los compromisos de un sistema legal justo y predecible, algo esencial en un tratado comercial internacional como el T-MEC.

Quejas y posibles disputas: Las empresas afectadas podrían presionar a sus respectivos gobiernos (EE. UU. y Canadá) para que presenten quejas formales bajo los mecanismos de solución de controversias del T-MEC, argumentando un trato injusto o discriminatorio.

Impacto del Poder Judicial en el T-MEC. La reforma al Poder Judicial genera preocupación sobre su impacto en la imparcialidad en la impartición de justicia, lo cual es fundamental para el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Imparcialidad en disputas: El T-MEC no especifica la estructura del poder judicial de un país, pero sí se preocupa por los resultados de las decisiones judiciales y la garantía de un debido proceso. Si las reformas (como la elección popular de jueces) ponen en duda la imparcialidad del sistema judicial, los socios comerciales pueden temer que las disputas relacionadas con el tratado (incluyendo las fiscales) no se resuelvan de manera justa.

Riesgo de incumplimiento: La falta de un poder judicial independiente y confiable para dirimir controversias podría considerarse un incumplimiento de las obligaciones del tratado, lo que podría llevar a paneles arbitrales y, en última instancia, a posibles penalizaciones comerciales para México.

Erosión de la confianza: La incertidumbre sobre el futuro del sistema de justicia mexicano reduce la confianza en las instituciones del país, un factor clave para mantener y atraer la inversión extranjera. En resumen, la combinación del “terrorismo fiscal” y la incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial socavan la certidumbre jurídica que el T-MEC busca garantizar, afectando el clima de negocios y abriendo la puerta a posibles acciones correctivas por parte de los socios comerciales de México.

En un escrito entregado a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) señalaron que la elección de jueces por voto popular puede derivar en nuevos problemas bajo el Capítulo 14 del T-MEC dedicado a la inversión.

“Si bien el Gobierno mexicano tiene el derecho soberano de enmendar su Constitución, el cambio constitucional de 2024 que transformó el sistema judicial del país perjudicará la larga relación comercial y de inversión entre EU y México, así como los derechos de las empresas de EU bajo el T-MEC”, dijo la CTA.

“Respetuosamente, urgimos al Gobierno de EU a presentar estas preocupaciones, y recomendamos a la administración Sheinbaum revertir el rumbo y adoptar un enfoque más deliberado y reflexivo”.

Entre los miembros de la CTA no sólo están firmas de EU sino también multinacionales como la china Lenovo y la surcoreana LG, ambas con operaciones en México, así como cientos de firmas más pequeñas de fabricación de equipo electrónico que frecuentemente cruzan la frontera entre México y EU.

“La destitución de todos los jueces y su reemplazo mediante el voto popular plantea graves riesgos para el Estado de Derecho y la administración de justicia en México”, añadió la organización.

Asimismo, la CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas. Sin mencionar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la organización aseguró en un escrito ante la USTR que los amagos para el cruce de mercancía se añaden a un incremento significativo en la burocracia y en incidentes de seguridad.

“El SAT está realizando auditorías exhaustivas a las corporaciones multinacionales estadounidenses, afirmando que se adeudan millones de dólares en transacciones aduaneras, y amenazando con suspender las licencias de importación a menos que se realicen estos pagos”, denunció en su escrito.

Agregaron que los exportadores estadounidenses se han visto sujetos a un incremento significativo en las inspecciones y en las solicitudes simultáneas de información por parte de “múltiples agencias (mexicanas) para cruzar la aduana”.

Otras quejas

Otros sectores empresariales e industriales en EU que se han pronunciado sobre políticas en México son:

BUSINESS ROUNDTABLE (reúne a unos 200 CEOs):

- Denuncia politización del Poder Judicial mexicano.

- Señala discriminación en energía, telecomunicaciones y aviación.

- Acusa al SAT y a Cofepris de prácticas injustas.

INSTITUTO DEL PETRÓLEO:

- Denuncia discriminación a favor de Pemex y CFE.

- Afirma que invertir en México es ahora más difícil.

ASOCIACIÓN DE REFINADORES Y PETROQUÍMICOS:

- Asegura que México usa la lucha contra el contrabando de combustible para favorecer a Pemex.

- Denuncia aplicación discrecional de la ley y obstáculos a importadores de EU.

HOLLYWOOD, INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA:

- Urgen vigilar que resoluciones del Poder Judicial estén en línea con T-MEC.

Todo esto es consecuencia de la ideología extremista de la disque Cuarta Transformación de Morena, si no corrigen, quedará en transformación de cuarta, y los que pagaremos el costo de hundir al país seremos usted y yo.