La reciente agresión con ácido contra una mujer en Cancún, perpetrada por un hombre que ya ha sido detenido, vuelve a poner en evidencia una de las formas más brutales y cobardes de violencia de género en México.

No solo se trata de un intento de asesinato, sino de una agresión con el claro objetivo de destruir, marcar y desfigurar. En este país, los ataques con ácido no solo buscan lastimar el cuerpo, sino borrar la identidad, condenar a la víctima a una vida de dolor físico y psicológico permanente.

Las reacciones de las autoridades en el municipio de Benito Juárez fueron rápidas, al menos en apariencia. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, condenó el hecho en sus redes sociales y pidió justicia para la víctima.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama también se pronunció de forma contundente, asegurando que su administración no permitirá este tipo de violencia y celebrando la captura del presunto responsable.

Sin embargo, más allá de los mensajes públicos, es necesario preguntarse: ¿qué se está haciendo para prevenir estos ataques? ¿Cuántas mujeres más tienen que vivir con el rostro destruido, mientras los gobiernos siguen sin legislar con firmeza sobre este tipo de agresiones?

El caso de Cancún no es un hecho aislado. En todo México, mujeres han sido víctimas de ataques con sustancias corrosivas por parte de hombres cercanos: parejas, ex novios, vecinos. Casos como el de Carmen Sánchez, en el Estado de México, o el tristemente célebre ataque contra María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada en 2019, siguen siendo recordatorios del infierno que muchas han vivido y que, hasta hace poco, no se tipificaba como intento de feminicidio.

En algunos estados, estas agresiones aún son consideradas como “lesiones dolosas”, una clasificación absurda que ignora la dimensión de odio y machismo que hay detrás de arrojar ácido al rostro de una mujer. Aunque se han logrado avances legislativos en ciertos estados para tipificar estos delitos de forma más severa, la justicia no es homogénea en el país y muchas víctimas aún enfrentan un calvario institucional para obtener justicia, atención médica y reparación del daño.

El caso de Cancún debe marcar un antes y un después para Quintana Roo. No basta con capturar al agresor. Se necesita impulsar leyes que sancionen con severidad estos ataques y garanticen atención médica integral y cirugías reconstructivas para las víctimas, como ya han exigido organizaciones civiles y colectivos feministas desde hace años.

Quintana Roo, a pesar de ser uno de los principales destinos turísticos del país, arrastra una preocupante realidad en materia de violencia de género. Tan solo en el último año, se han registrado más de 20 feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocando al estado entre los primeros lugares en la tasa de este delito por cada 100 mil mujeres.

La violencia con ácido no es una agresión común: es una forma de tortura que mutila de por vida. Que este caso no sea solo un número más en la estadística, ni una foto más en las redes sociales de los políticos. Que sirva para encender la alarma que tanto se ha querido silenciar: en México, a las mujeres las matan, las desaparecen, y también las desfiguran. Y eso no puede seguir siendo considerado como normal. ¿Lograremos algún día las mujeres vivir sin violencia?

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