Por donde se mire, el caso del crematorio de mascotas Xibalbá en Chetumal no solo representa una estafa emocional a cientos de familias —que recibieron tierra en lugar de las cenizas de sus animales—, sino también una radiografía descarnada del profundo deterioro institucional que existe en la capital del estado.

Detrás de la tragedia y la indignación, hay un elemento más grave, que es la omisión, la complicidad y la corrupción de las autoridades que debieron vigilar el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

La alcaldesa de Othón P. Blanco asegura que el crematorio presentó documentos falsos cuando fue verificado. Según su versión, los permisos de funcionamiento y las inspecciones de Fiscalización Municipal eran apócrifos. Pero, ¿es creíble que un negocio que operó por años, con anuncios visibles en redes sociales, vehículos rotulados y hasta convenios con veterinarias, jamás haya sido detectado? No lo parece. Más bien suena a un intento tardío de deslindarse de una cadena de negligencias que no comenzó ayer.

Si los documentos eran falsos, alguien los firmó o los recibió sin comprobar su autenticidad. Si no lo eran, alguien permitió que el negocio siguiera operando a cambio de algo. En cualquiera de los dos escenarios, la autoridad es responsable. No solo el municipio, también la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), instituciones que supuestamente verifican el manejo de residuos biológicos, las emisiones contaminantes y la ubicación de estos sitios. Ninguna se dio por enterada, aunque el olor a descomposición ya delataba el horror.

Mientras las autoridades se lavan las manos, los ciudadanos descubren que en Chetumal los negocios pueden operar a la bendición de Dios. No hay controles, no hay vigilancia, no hay castigos. Solo cuando el escándalo estalla en redes sociales y llega a los noticieros, aparecen los funcionarios con declaraciones huecas y promesas de revisión: “los invitamos a los negocios a poner su documentación en regla”, señala la alcaldesa morenista de Othón P. BLanco. Pero hasta ahora, no se ha sancionado a ningún inspector, jefe de departamento o director por su inacción o complicidad.

Xibalbá no solo fue un crematorio fraudulento: fue el reflejo de un sistema que huele tan mal como los cuerpos que tiraron en bolsas negras. Un sistema donde los permisos se compran, las inspecciones se evaden y las instituciones fingen no ver por conveniencia. El verdadero infierno no está bajo tierra, está en las oficinas donde se firman los documentos que permiten que la corrupción siga operando con total impunidad.

Y es que el caso Xibalbá no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad institucional que corroe los cimientos del municipio y del estado, donde incluso la SEMA ha sido denunciada por actos de corrupción.

Hoy fue un crematorio de mascotas, mañana puede ser una clínica veterinaria, un consultorio médico o incluso una guardería. Cuando las autoridades no verifican, no sancionan y permiten que cualquier persona abra un negocio sin cumplir normas mínimas de sanidad o impacto ambiental, están poniendo en riesgo no solo la confianza ciudadana, sino la salud y la dignidad de toda la comunidad.

 Resulta inadmisible que, a pesar del escándalo, ninguna autoridad haya anunciado una investigación interna para identificar a los inspectores que, por acción u omisión, dejaron pasar estas irregularidades. La opacidad y el silencio oficial solo confirman lo que muchos sospechan, que detrás de cada permiso falso, hay una firma verdadera que cobra por mirar hacia otro lado.

 Si la justicia no alcanza a los funcionarios responsables, Xibalbá no será el último infierno que se abra en Chetumal; será apenas un recordatorio de lo que ocurre cuando la corrupción se convierte en norma y la autoridad en cómplice. ¿Quién responde por esto?