Gobierno de México investiga al futbol por condutas monopólicas

La Comisión Nacional Antimonopolio abrió un expediente de oficio tras detectar indicios de abuso de poder en el mercado del fútbol profesional.

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La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició formalmente una investigación de oficio en México sobre el fútbol profesional este lunes, por presuntas conductas monopólicas relativas que afectan el mercado deportivo nacional.

¿Por qué el Gobierno de México investiga al fútbol profesional?

La Autoridad Investigadora de la CNA determinó que existen elementos suficientes para indagaciones de oficio tras un monitoreo de varios meses a reportes de la afición e información del sector. El procedimiento busca detectar abusos de poder de mercado que vulneren la libre competencia en las actividades vinculadas al deporte.

De acuerdo con datos de la CNA, el futbol mexicano profesional representa un sector prioritario por su alcance económico y social:

  • Generación de empleo: Aporta aproximadamente 150,000 puestos de trabajo anuales.
  • Valor comercial: Generó más de 52,000 millones de pesos en 2024.
  • Audiencia e impacto: México es el segundo país con más afición global, movilizando a 250,000 personas cada fin de semana. La final de la "Copa del Mundo 2026" habría registrado más de 30.5 millones de espectadores en el país.

Posibles sanciones para el futbol mexicano

El organismo regulador aclaró que el acuerdo de inicio no prejuzga la responsabilidad de ningún agente económico. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, lla Autoridad Investigadora recabará información para determinar si existen elementos suficientes para acreditar alguna conducta contraria a la legislación en materia de competencia económica y en contra de los monopolios.

El primer periodo de investigación será de 30 a 120 días hábiles, con posibilidad de ampliarse hasta en tres ocasiones por periodos de hasta 120 días.

Si al concluir el proceso se comprueban faltas, el Pleno de la CNA puede aplicar multas de hasta el 10% de los ingresos anuales de las empresas involucradas, además de ordenar la suspensión definitiva de las prácticas anticompetitivas.

La institución ratificó su compromiso de garantizar la competencia justa en el mercado nacional.

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