El caso Rocha Moya suma un nuevo capítulo luego de que los abogados del senador Enrique Inzunza iniciaran acercamientos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para explorar la posibilidad de que su cliente sea considerado testigo cooperante.

De acuerdo con fuentes oficiales, este mecanismo permite a acusados ofrecer información relevante a cambio de posibles beneficios legales, siempre bajo estrictos procesos de validación.

El procedimiento, explican expertos, inicia generalmente a través de la embajada estadounidense en México, donde participan agencias como la DEA y el FBI. Posteriormente, la negociación formal se traslada a territorio estadounidense, donde abogados federales autorizados entablan diálogo directo con fiscales.

El peso de la cooperación en el proceso

La figura del “proffer agreement” o acuerdo de oferta es clave en este tipo de casos, ya que establece los términos bajo los cuales el acusado comparte información. La credibilidad y utilidad de los datos son determinantes: si la información resulta verificable, puede traducirse en reducciones de cargos o sentencias.

En paralelo, existe la posibilidad de ingresar al programa de protección de testigos, conocido como WITSEC, administrado por el U.S. Marshals Service, en caso de riesgo de represalias.

El trasfondo del caso incluye señalamientos del DoJ que vinculan a Inzunza con presuntos acuerdos entre líderes de “Los Chapitos” y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según la acusación, el senador habría fungido como intermediario en comunicaciones y acuerdos relacionados con protección a actividades ilícitas.

Inzunza ha rechazado las acusaciones, calificándolas como falsas y asegurando que acudirá a cualquier llamado de autoridades mexicanas. También expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía nacional.

El caso continúa en desarrollo y pone a prueba la cooperación judicial entre México y Estados Unidos.

(Con información de El Universal)