La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, afirmó que fue un error procesar a una mujer por el delito de violencia vicaria tras la vinculación a proceso en el estado de Guanajuato, lo que, según dijo, evidenció una aplicación inadecuada de la figura judicial.

Hernández señaló que la decisión del juez se apartó de los elementos jurídicos necesarios para configurar ese tipo penal, lo que motivó su pronunciamiento público sobre el caso. 

La funcionaria explicó que la figura de violencia vicaria está concebida para sancionar a quien causa daño a otra persona a través de terceros, pero que en este caso específico los hechos no encuadraban con claridad en la tipificación penal, por lo que consideró que el proceso fue incorrecto desde el punto de vista jurídico.

Qué repasada le dió esta abogada a la ex Cenadora Citlalli Hernández. No le dijo que es un asno de plano porque se ve muy educada la licenciada. pic.twitter.com/kU2zLTLXhy

— Raul Aragon Loya (@RaulAragonLoya) February 3, 2026

Importancia de criterios jurídicos claros

Hernández señaló que para aplicar correctamente la violencia vicaria se requieren criterios definidos y pruebas consistentes que permitan a los jueces determinar si realmente existe el uso de terceros para causar daño psicológico o emocional.

Aseguró que la falta de claridad en estos elementos puede llevar a decisiones judiciales que no correspondan con la ley. 

Este pronunciamiento fue difundido luego de que distintos analistas y organizaciones señalaran que la vinculación a proceso en el caso de Guanajuato podría haber sido resultado de una interpretación demasiado amplia de la figura penal.

Reacciones sociales y legales

El caso generó reacciones de defensores de derechos humanos y especialistas, quienes han manifestado la necesidad de que se revisen los criterios que guían la imputación del delito de violencia vicaria, con el objetivo de asegurar que no se viole el debido proceso de las personas involucradas.

Qué es la violencia vicaria

La violencia vicaria es una figura jurídica que castiga a quien utiliza a un tercero para causar daño psicológico, emocional o físico a otra persona, generalmente recurriendo a familiares o personas cercanas a la víctima.

Esta figura se ha incluido en varios códigos penales estatales y en reformas federales para fortalecer la protección contra formas complejas de violencia.

Con información de Proceso.