Ciudadanos, empresarios e integrantes de la bancada local del PRI ingresarán este lunes ante el Congreso de Sinaloa una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, por presuntas omisiones gravemente perjudiciales.

El expediente formal imputa al mandatario estatal con licencia por haber incurrido en 16 hechos presuntamente irregulares cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Entre las faltas señaladas se destacan irregularidades registradas desde las elecciones de 2021, incluyendo la presunta privación ilegal de la libertad cometida en contra de militantes y operadores de distintas fuerzas políticas.

“El documento será presentado con el respaldo de ciudadanos y la intención es que el Congreso de Sinaloa dé trámite a la solicitud y convoque a una sesión extraordinaria para determinar si procede”,

explicó la ex diputada Karla Montero.

• Composición del expediente: La denuncia consta de 14 fojas con la firma de entre 20 y 30 ciudadanos y líderes de sectores locales.
• Promoventes del recurso: Figura la firma de Marta Reyes (presidenta de Coparmex Sinaloa), Miguel Taniyama (expresidente de Canirac), el activista Manlio Abel Jacobo Miller, la exlegisladora Karla Montero y la diputada priísta Paola Gárate Valenzuela.
• Requisitos para adherirse: Los ciudadanos interesados en firmar deben presentar copia de la credencial de elector y su acta de nacimiento.
• Demanda central: Exigen una votación pública y nominal para transparentar qué legisladores apoyan o rechazan el procedimiento.

La diputada local Paola Gárate Valenzuela confirmó que respaldará formalmente la iniciativa para evitar que el gobernador con licencia pueda retornar al cargo sin que antes se esclarezcan las acusaciones presentadas.

“Deben agotarse las vías institucionales y jurídicas para determinar responsabilidades”,

 afirmó la legisladora Gárate Valenzuela, quien llamó a los partidos de oposición a respaldar el recurso.

Paralelamente a esta petición, la Cámara de Diputados local debe definir el procedimiento constitucional para nombrar a quien asumirá la gubernatura interina.

Sobre este punto, Gárate Valenzuela cuestionó la falta de transparencia en los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Exigió que las reuniones de comisión y el debate del dictamen final se transmitan en vivo y que se considere la opinión de sectores productivos y de la academia para restituir la gobernabilidad en la entidad.

¿Qué sigue en el trámite legislativo?

El ingreso de esta solicitud ante la oficialía de partes no implica la aprobación automática del juicio político ni establece una responsabilidad legal previa.

Corresponde al Congreso estatal revisar el cumplimiento de los requisitos de forma, evaluar la procedencia jurídica del caso y decidir si abre la etapa de instrucción conforme al marco normativo de Sinaloa.

(Con información de El Debate de Sinaloa)