El crimen organizado convierte a la minería en blanco de extorsiones en México, provocando una problemática que volvió a evidenciarse tras el secuestro y asesinato de trabajadores vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp en Concordia, Sinaloa. El caso encendió alertas sobre la vulnerabilidad del sector ante delitos como cobro de piso, robo de embarques y amenazas directas a personal.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), la inseguridad representa hasta 5% de los costos totales de operación y hasta 7% en mermas. Tan solo en 2024, las empresas destinaron 105.7 millones de dólares a seguridad privada y prevén cerrar 2025 con más de 108 millones de dólares en ese rubro.

Impacto en inversión y competitividad

El deterioro en las condiciones de seguridad también afecta la percepción internacional. El Instituto Fraser ubicó a México en 2023 en el lugar 74 de 86 jurisdicciones evaluadas en atractivo para la inversión minera, señalando como principal debilidad la inseguridad y la presencia activa de cárteles.

Especialistas advierten que el cobro de piso a mineras no es nuevo. Desde 2014 se documentó que grupos criminales obtenían millones de dólares anuales mediante “impuestos” ilegales a la extracción y exportación de minerales.

Producción afectada y proyectos en pausa

La violencia también impacta la producción. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el volumen minero-metalúrgico cayó de 45.5 millones de toneladas en 2018 a 37.8 millones en 2024. En Sinaloa, proyectos han enfrentado cierres temporales por problemas de seguridad.

Analistas coinciden en que la minería, altamente rentable y concentrada en regiones con fuerte presencia criminal, se ha convertido en una fuente estratégica de ingresos ilícitos. La Camimex propone mesas de trabajo permanentes con autoridades para reducir la incidencia delictiva y recuperar la confianza de inversionistas en un sector clave para la economía nacional.

(Con información de El Financiero)