Decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que haga público el informe completo sobre la situación en el país, en medio de cuestionamientos a las cifras oficiales del gobierno federal.

La petición surge días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 130 mil personas desaparecidas. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que estos datos no reflejan la magnitud real del problema.

INFORME DE LA ONU CONTRADICE NARRATIVA OFICIAL

La organización IDHEAS, que participa en las discusiones del organismo internacional, difundió un resumen del más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), emitido el 16 de marzo de 2026.

El documento revela que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en acciones urgentes por desaparición forzada, con un total de 819 casos registrados. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron 40 nuevas solicitudes.

Además, el Comité señala graves deficiencias del Estado mexicano, entre ellas la falta de protección a familiares y colectivos buscadores, así como retrasos significativos en las investigaciones.

EXIGEN RESULTADOS DEL ARTÍCULO 34

Por dicha razón, 31 colectivos —incluidos Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y Hasta Encontrarte Guanajuato— exigieron que se publiquen los resultados del procedimiento iniciado bajo el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Este mecanismo, activado en octubre de 2025, permite evaluar si en México las desapariciones ocurren de manera generalizada o sistemática. De confirmarse, el caso podría escalar hasta la Asamblea General de la ONU.

No obstante, el gobierno mexicano ha rechazado este proceso y solicitó que la información se mantenga en reserva, lo que ha incrementado la tensión con organizaciones civiles.

DENUNCIAN ‘RASURA’ Y FALTA DE TRANSPARENCIA

Los colectivos sostienen que su exigencia responde a la preocupación por una posible manipulación de cifras oficiales. Al mismo tiempo acusan que la metodología empleada por el gobierno implica una “rasura” de datos, lo que pone en duda la confiabilidad de los registros.

“Estas acciones contribuyen a minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y a diluir la responsabilidad de las instituciones”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones concluyen que México no está cumpliendo plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones forzadas. Por el contrario, alertan sobre una tendencia de opacidad, negación y debilitamiento institucional.

Con información de Infobae