El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se pronunció a favor de posponer la elección de jueces y magistrados del próximo año hasta el primer domingo de junio de 2028.

El legislador argumenta que este ejercicio debe ser independiente de los procesos electorales donde se eligen cargos de representación popular como gobernadores y alcaldes.

Independencia y reducción de riesgos políticos

Según el diputado, desvincular estas votaciones disminuiría el riesgo de asociar las candidaturas judiciales con determinados partidos políticos. Debido a la premura del tiempo, Ramírez Cuéllar planteó que este cambio de fecha se incluya en la próxima reforma electoral que se presentará al Congreso de la Unión.

A pesar de calificar la elección de juzgadores como un "logro democrático", reconoció que su implementación actual enfrenta retos que exigen adecuaciones constitucionales y secundarias para garantizar que los perfiles cumplan con parámetros de idoneidad y se mantengan alejados de intereses económicos.

Cambios en la selección y evaluación de la elección judicial en México

Entre las modificaciones propuestas destacan:

Reducción de candidaturas: Disminuir el número de aspirantes por puesto para simplificar la logística del conteo y evitar el desincentivo ciudadano ante procesos complejos.

Eliminación de Comités de Evaluación: Sustituirlos debido a las dificultades organizativas y la falta de criterios uniformes detectadas en procesos previos.

Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Judicial: Esta institución se encargaría de certificar competencias, sustituyendo la simple revisión de calificaciones escolares por un estándar de actuación profesional.

Modernización del Poder Judicial

Finalmente, el legislador llamó a revisar la estructura interna de la Suprema Corte, sugiriendo la posible eliminación de las salas y una reestructuración en la elección de las presidencias de los órganos judiciales.

El objetivo, señaló, es agilizar un esquema de trabajo que actualmente considera poco eficiente y que podría comprometer la estabilidad de los criterios jurídicos en el país.

(Con información de Milenio)