El Chapo sugiere que Sheinbaum tiene “lugar para él” en México

Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó al juez Brian Cogan su traslado a México y un nuevo juicio, argumentando razones de salud y trato desigual en Estados Unidos.

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El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó formalmente al juez federal estadounidense Brian M. Cogan su traslado a México, por medio de una carta donde argumentó razones de salud y denunció trato desigual en prisión.

El exlíder del Cártel de Sinaloa remitió una nueva carta al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York para requerir una comparecencia judicial, la obtención de un nuevo juicio y su repatriación.

El narcotraficante afirmó en el texto que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un espacio seguro para mantenerlo encarcelado en relación con su estado físico.

Guzmán Loera acusó que las autoridades penitenciarias vulneran sus derechos constitucionales dentro de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado. Según el reclamo, las condiciones de confinamiento y el régimen de aislamiento estricto representan un trato inequitativo frente a otros reclusos.

Para fundamentar jurídicamente el traslado entre jurisdicciones, la defensa del sentenciado invocó el Artículo IV, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos, que regula los mecanismos de extradición.

¿Cuál es la pena que purga El Chapo en Estados Unidos?

Condena vigente: El tribunal sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua en 2019 tras hallarlo culpable de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Historial de solicitudes: El capo ha enviado un total de casi 20 cartas manuscritas al juez Cogan desde el inicio de su reclusión en el penal de máxima seguridad.

Postura oficial: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en mayo pasado que carecía de conocimiento oficial respecto a las peticiones emitidas por el prisionero.

Guzmán Loera permanece en una de las cárceles con mayor blindaje del sistema penitenciario norteamericano. A lo largo de siete años, el recluso ha cuestionado la legalidad de su sentencia mediante recursos que la autoridad judicial desestimó previamente.

Hasta la fecha actual, ninguna instancia legal ha emitido una resolución que modifique la penalidad impuesta o el sitio geográfico de su internamiento.

(Con información de El Financiero)

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