El senador Enrique Inzunza Cázares declaró este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, para responder por los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico.

El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.

Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.

Ratifico que es mi disposición…

— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026 

¿Quiénes son los funcionarios citados por la FGR?

La investigación de la FGR inició después de que Washington acusara formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios de colaborar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para favorecer la elección estatal de 2021. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que los personajes no están imputados, sino citados para realizar entrevistas ministeriales.

Hasta el momento, las autoridades federales en la capital sinaloense han recibido las declaraciones de los siguientes servidores públicos:

Enrique Inzunza Cázares: Senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa.

Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.

Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal general con licencia del estado.

Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía local.

Desarrollo de las comparecencias y postura de la defensa

Inzunza Cázares informó a través de sus redes sociales que atendió de manera puntual el citatorio emitido el 23 de mayo. El legislador detalló: "Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

Asimismo, el senador aseguró que no utilizará el fuero ni los beneficios procesales del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante futuros requerimientos.

Por su parte, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, manifestó tras su comparecencia que asistirá a cada una de las diligencias del caso porque confía en el sistema judicial mexicano y respeta las instituciones de justicia.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación que afirma que el grupo delictivo impulsó la campaña electoral de Rocha Moya a cambio de colocar a funcionarios corruptos dentro de la estructura gubernamental.

Aunque Estados Unidos solicitó la captura y extradición de los diez involucrados, la administración de Sheinbaum rechazó ejecutar la medida al considerarla una estrategia política de Donald Trump que afecta la soberanía nacional. El caso continúa bajo investigación del ministerio público federal para esclarecer la veracidad de las pruebas presentadas por Washington.

(Con información de Milenio)