Jorge ‘N’, identificado como excontador del exdirector general de Pemex, fue vinculado a proceso por un juez federal tras su detención en Querétaro, donde fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por autoridades federales. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Según la indagatoria, esta discrepancia habría causado un perjuicio al erario federal de aproximadamente 28 millones de pesos, al omitir el pago correcto de impuestos durante esos años. La FGR presentó datos de prueba durante la audiencia inicial que llevaron al juez a dictar la vinculación a proceso por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada.

Prisión preventiva y plazo para la investigación

En la misma audiencia, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, quien deberá permanecer interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México durante el desarrollo de la investigación complementaria. La autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal concluya con la recolección de pruebas adicionales y fortalezca su caso contra Jorge ‘N’.

La decisión de mantener la prisión preventiva obedeció a criterios legales establecidos para garantizar la comparecencia del imputado y evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en el proceso penal.

Detalles del caso

De acuerdo con las autoridades, la investigación se centró en la revisión de las declaraciones fiscales presentadas por Jorge ‘N’ durante un periodo de cinco años, en las cuales se detectaron ingresos acumulables menores a los reales, situación que llamó la atención de autoridades fiscales y que derivó en una auditoría y en la denuncia ante la FGR.

Los elementos aportados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero permitieron al juez determinar que existen indicios suficientes para sostener que el imputado pudo haber incurrido en conductas que afectaron las finanzas públicas del país.

La red de Lozoya sigue dando frutos

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria; sin embargo, marca el inicio formal del procedimiento penal y obliga al imputado a enfrentar el desarrollo de la investigación bajo medidas cautelares. Durante los próximos meses, las autoridades reunirán más pruebas y determinarán si existen elementos para llevar el caso a juicio.

La defensa del imputado tendrá la oportunidad de presentar argumentos y pruebas en su favor conforme avance el proceso en tribunales. La Fiscalía, por su parte, continuará su trabajo para esclarecer plenamente los hechos denunciados.

Con información de Excélsior.