El exdirector de la DEA, Derek Maltz, pidió que México entregue a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, a Estados Unidos para que enfrente un proceso judicial por los presuntos vínculos que se le atribuyen con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el exfuncionario estadounidense manifestó su deseo de que Rocha Moya sea expulsado de México y trasladado a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal.

Maltz reconoció que el mandatario sinaloense es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero sostuvo que debe enfrentar un proceso ante la justicia estadounidense para esclarecer las acusaciones.

“Espero que veamos su llegada pronto”, escribió el exjefe de la DEA, junto con una imagen generada mediante inteligencia artificial en la que se representa una supuesta entrega de Rocha Moya a autoridades estadounidenses.

Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

Las declaraciones de Maltz se producen en medio de la controversia generada por las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, a quienes se les ha señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.

Sin embargo, el senador Enrique Inzunza aseguró recientemente que, después de más de tres meses de estas acusaciones, no se han presentado pruebas en su contra ni contra los demás funcionarios señalados.

Inzunza anunció su separación de la bancada de Morena en el Senado y afirmó que se defenderá de manera independiente durante el próximo periodo de sesiones.

Rocha Moya deja temporalmente la gubernatura

En medio de la polémica, Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo, petición que fue aprobada por el Congreso de Sinaloa. Posteriormente, Graciela Domínguez fue designada como gobernadora interina.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la salida temporal de Rocha Moya y consideró que fue la mejor decisión para Sinaloa.

Por ahora, las acusaciones contra el gobernador con licencia continúan generando reacciones tanto en México como en Estados Unidos, mientras no se han presentado públicamente pruebas que acrediten los presuntos nexos señalados.

(Con información de El Financiero)