FGR desmiente incineración masiva en Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República desmintió un video sobre una presunta incineración en el Rancho Izaguirre y detalló los avances de la investigación.

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La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió el contenido de un video difundido en redes sociales, el cual aseguraba que se realizó una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco.

Investigación en el Rancho Izaguirre tiene 92 por ciento de avance

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, los trabajos periciales realizados en el predio ubicado en Teuchitlán registran un avance del 92 %. La institución federal aclaró que los dictámenes técnicos obtenidos hasta el momento no respaldan la versión difundida en la grabación.

Las autoridades ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación mediante el análisis de dispositivos móviles, registros telefónicos bajo control judicial y la recolección de testimonios de víctimas.

Como parte de las acciones en este centro de adiestramiento clandestino, la dependencia logró llevar a proceso a 15 personas presuntamente vinculadas con los hechos, mientras que el reporte global contabiliza 47 detenciones relacionadas con el caso y órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Detalles de la investigación y observaciones de la CNDH

El expediente detalla que el sitio funcionaba como un espacio clandestino para el reclutamiento forzado, prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios tácticos. Durante el procesamiento del lugar, los peritos localizaron diversos indicios:

  • Fragmentos de restos óseos.
  • Prendas de vestir.
  • Elementos balísticos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El organismo señaló diversas irregularidades en el procesamiento inicial, tales como fallas en el registro y resguardo de evidencias, deficiencias en la cadena de custodia, retrasos en los análisis genéticos y el acceso no autorizado de personas al inmueble durante las diligencias.

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