El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales utilizar leyes de terrorismo para procesar a funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico, reveló una investigación de The New York Times basada en fuentes oficiales.

De acuerdo con el diario estadounidense, Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, comunicó la instrucción formal el pasado miércoles durante una conferencia con fiscales regionales.

Singh, instó a los 93 fiscales de de Estados Unidos incrementar las investigaciones contra servidores públicos extranjeros. 

El funcionario afirmó que las autoridades judiciales deberían triplicar las acusaciones contra funcionarios de México que emplean sus cargos para favorecer a agrupaciones delictivas.

El fundamento de la estrategia radica en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el año pasado, la cual designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Esta medida faculta a los fiscales para imputar el cargo de apoyo material a grupos terroristas, sumándose a los delitos tradicionales de tráfico de estupefacientes.

Funcionarios de Sinaloa bajo investigación penal

La difusión de la directiva coincide con recientes acciones judiciales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra políticos de Sinaloa:

Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia temporal de Sinaloa, acusado formalmente de narcotráfico. Un juez federal bloqueó de momento su arresto y extradición.

Gerardo Mérida Sánchez: General retirado y exsecretario de Seguridad estatal, arrestado en Arizona hace cuatro días.

Otros implicados: El senador Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán con licencia.

Acusaciones de sobornos y respuesta de México

La acusación formal indica que los mandos de seguridad y políticos ligados al gobernador habrían recibido apoyo electoral y sobornos millonarios. A cambio, presuntamente brindaban protección a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa para permitirles operar con impunidad en la región.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en reiteradas ocasiones que el expediente formulado por las autoridades de Estados Unidos no cuenta con pruebas contundentes que sostengan los señalamientos contra los servidores públicos de la entidad.

(Con información de The New York Times)