Fiscalía de CDMX acusa a organizadores por tragedia en Axe Ceremonia

La investigación por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice apunta a presuntas fallas en la instalación de estructuras, la producción del festival y el cumplimiento de las normas de protección civil.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputó a ocho personas y tres empresas por su probable responsabilidad en el accidente ocurrido durante el festival Axe Ceremonia 2025, donde murieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera.

La acusación se presentó durante una audiencia iniciada el 14 de octubre, como parte de las investigaciones por la caída de una estructura decorativa en el Parque Bicentenario, el 5 de abril de 2025.

De acuerdo con las indagatorias, una plataforma elevadora que sostenía la estructura cedió y cayó sobre los dos fotoperiodistas, quienes se encontraban cubriendo el evento. Ambos fallecieron a consecuencia de las lesiones.

Fiscalía señala presuntas fallas en la organización del Axe Ceremonia

Entre las personas imputadas se encuentra María del Pilar “N”, identificada como responsable de protección civil del festival. También fueron señalados Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”.

La investigación incluye a tres empresas vinculadas con la organización del festival, la administración del Parque Bicentenario y la producción y ambientación del evento. Una de ellas también habría sido responsable de presentar el Programa Especial de Protección Civil ante las autoridades capitalinas.

Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades se concentran en tres áreas: el manejo de la maquinaria que sostenía las estructuras, la organización y producción del festival, y la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de protección civil.

Grúas no estaban contempladas en el programa de protección civil

Uno de los elementos centrales de la investigación es que las grúas utilizadas para sostener las estructuras decorativas no aparecían en el programa de protección civil presentado ante las autoridades.

El expediente señala que la maquinaria fue instalada el mismo día del festival, después de que concluyeran las inspecciones previas en el recinto.

Para sustentar las imputaciones, el Ministerio Público reunió más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones. También incorporó testimonios de servidores públicos, personal de emergencias y personas relacionadas con la organización y operación del evento.

Estos elementos forman parte de las pruebas que la Fiscalía busca presentar para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Juez impone medidas cautelares a imputados

Durante la audiencia, el juez vinculó a proceso a María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández. Como medidas cautelares, le impuso la obligación de presentarse periódicamente cada dos meses y la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas.

Asimismo, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Para las otras siete personas físicas imputadas, la autoridad judicial fijó la presentación periódica y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. A las tres empresas se les impusieron garantías económicas de 500 mil pesos a cada una.

Las defensas solicitaron que la situación jurídica de las diez personas físicas y morales restantes se resuelva dentro del plazo constitucional ampliado. Por ello, el juez programó una nueva audiencia para el domingo 18 de octubre, en la que determinará si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso.

Familiares de los fotoperiodistas exigen justicia

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las diligencias y el proceso penal para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan. También aseguró que actuará con respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas y sus familias.

El caso mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad en eventos masivos, particularmente respecto de la instalación de estructuras temporales, el uso de maquinaria y la supervisión de los protocolos de protección civil.

Mientras avanza el procedimiento judicial, las imputaciones deberán ser analizadas por las autoridades competentes. Conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas se consideran inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un tribunal competente.

Con información de Infobae.

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