El gobierno federal anunció el 27 de marzo de 2026 la implementación de un nuevo mecanismo de control fiscal para gasolineras, con el objetivo de frenar el huachicol mediante la verificación obligatoria de la legalidad del combustible antes de facturar su venta.

Nuevo requisito para facturación

La medida establece que las estaciones de servicio deberán acreditar permisos y origen legal del combustible para poder emitir facturas de gasolina y diésel, lo que busca cerrar espacios a la comercialización ilegal.

Este mecanismo entrará en vigor a partir de abril y forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la supervisión del sector energético.

Golpe al mercado ilegal

El control fiscal pretende atacar directamente el llamado huachicol, una práctica que ha afectado durante años la recaudación y el funcionamiento del mercado de combustibles en el país.

Al exigir comprobación documental, las autoridades buscan impedir que combustible de origen ilícito sea comercializado como si fuera legal dentro de estaciones formales.

Pérdidas millonarias para Pemex

El impacto económico del huachicol continúa siendo significativo. Tan solo en el último año, las pérdidas para Pemex ascendieron a 23 mil 491 millones de pesos, lo que representó un aumento de 14.4% respecto al año anterior.

Estas cifras reflejan la dimensión del problema y la presión para reforzar controles en toda la cadena de distribución.

Estrategia para cerrar brechas

La implementación del nuevo esquema busca eliminar vacíos en la fiscalización, evitar evasión de impuestos y reducir la presencia de combustibles ilegales en el mercado.

Con esta medida, el gobierno pretende fortalecer la transparencia en las operaciones del sector y limitar las prácticas irregulares que afectan tanto a la industria como a las finanzas públicas.

Vigilancia sobre el sector energético

El nuevo control se suma a otras acciones enfocadas en supervisar importación, distribución y venta de combustibles, en un esfuerzo por contener una actividad que involucra redes ilegales y genera distorsiones en precios y competencia.

Las autoridades darán seguimiento a su implementación para evaluar su impacto en la reducción del mercado ilícito.

Con información de El Sol de México.