El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves un plan de fiscalización y control administrativo con el objetivo de investigar presuntas irregularidades y compras realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

¿Qué medidas incluye el plan de fiscalización del INE?

Para restaurar la integridad institucional y cerrar espacios a la discrecionalidad, el Consejo General determinó implementar diversas acciones de control administrativo y revisión de recursos:

Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.

• Analizar la contratación de una auditoría externa con una entidad privada especializada.
• Habilitar un buzón electrónico exclusivo para recibir denuncias anónimas sobre irregularidades.
• Elaborar un inventario prioritario de los contratos que puedan afectar el proceso electoral en curso y establecer mecanismos de preservación documental.
• Abrir las futuras contrataciones a licitaciones internacionales, reservando las adjudicaciones directas únicamente para casos excepcionales.

Exigen investigación sobre actos de corrupción de Taddei

Durante la sesión, consejeros electorales y representantes de partidos políticos coincidieron en que la renuncia de la presidencia del Consejo General resulta insuficiente para resolver la crisis histórica que enfrenta la institución.

El consejero Arturo Castillo recordó que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos vinculados con la corrupción, lo que evitaría que los presuntos responsables evadan la acción de la justicia. Por su parte, la consejera provisional Blanca Cruz reiteró que la autonomía del organismo no es sinónimo de opacidad y ofreció colaboración total con las autoridades competentes.

En tanto, la consejera Carla Humphrey propuso la creación de una comisión de administración integrada por consejeros electorales para recuperar la colegialidad y evitar decisiones centralizadas en la Junta General Ejecutiva. Representantes partidistas exigieron esclarecer el destino de los recursos y determinar quién autorizó los pagos a proveedores favorecidos.